TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL ESTATAL 

Ramón Cuevas Martínez* 

La transparencia gubernamental y el ejercicio presupuestario, son quizá, las dos herramientas más esenciales cuando se habla de un sistema de gobierno democrático consolidado. La transparencia gubernamental representa una conexión directa entre gobernantes y gobernados, porque los primeros están obligados a hacer del conocimiento público toda la información del quehacer gubernamental, garantizando así el derecho de acceso a la información para quienes son gobernados. Y el presupuesto es un instrumento de gestión, que establece ingresos y límites de gasto anuales en las entidades del sector público, para el logro de resultados a favor de la población. 

Estos dos elementos democráticos son retomados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), presentando dos índices que miden la calidad en transparencia de información presupuestal: 

1. El Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG), que mide la calidad de la información sobre el ejercicio de los recursos públicos por parte de las 32 entidades federativas mexicanas y que tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad y verificar el cumplimiento de la normatividad existente en materia de contabilidad gubernamental. 

2. El índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), que desde 2008, busca mejorar la calidad de información que presentan los Estados, en relación a cuánto, cómo y en qué se gastan el dinero público. Esto se evalúa a partir de 106 criterios que se agrupan en 10 secciones de cumplimiento. 

En el año 2020, de las 32 entidades que evalúa el IIPE, solo Baja California, Chihuahua y Guanajuato cumplieron en un 100% con todos los criterios. Mientras que Chiapas, Ciudad de México y Michoacán se posicionaron en los último tres lugares con un 54%, 52%y 46%, respectivamente. 

En el caso del IIEG, también presentado en este año, se concluyó que ningún gobierno estatal cumple en su totalidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y que solo el 54% de la información financiera de las entidades federativas cumple con el principio de armonización. Estados como Tlaxcala, Durango y Jalisco se encuentran en los últimos lugares con 56 puntos de 100 posibles y entidades como Michoacán y Ciudad de México ocupan las dos últimas posiciones con menos de 40 puntos. 

Cumplir con los indicadores que señalan ambos índices, es un paso para mejorar la calidad del gasto público, pues sólo con la transparencia presupuestal, los ciudadanos podemos conocer la manera en que se gastan los recursos y así exigir mejores condiciones en los servicios públicos. Para esto, es esencial que las administraciones públicas desarrollen micrositios en los portales web de su Secretaría de Finanzas, mismos que deben operar e integrar:  

• información presupuestal bajo los criterios de armonización contable; 
• información financiera en formatos de datos abiertos; 
• Toda la información referente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
• Uso de un “lenguaje único” que permita la comparabilidad y análisis de la información sobre cómo gastan sus recursos; 

• Documentos oficiales que permitan identificar a los funcionarios públicos responsables de la emisión de la información financiera; y 
• Dar a conocer a la ciudadanía, de manera clara, la información presupuestaria estatal. 

Si bien la información financiera de las entidades debe ser pública para garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, debemos centrar nuestra atención en que son los servidores públicos y actores de gobierno, quienes tienen la obligación y el compromiso de que la información pública sea de calidad, es decir, que sea verdaderamente útil, actualizada, completa, comprensible para cualquiera y veraz, pues si la información no cumple con estos principios, no representa un impacto real en la transparencia presupuestal. 

*Consultor en Gobernova 

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