Reingeniería de programas sociales: Hacia el Ingreso Básico Universal (IBU)
El Estado de Alaska fue la experiencia pionera en el mundo al reconocer el IBU como un derecho social. En 1976 se instituyó un fondo (el Alaska Permanent Fund) con 50% de los impuestos de la explotación del petróleo y de las riquezas nacionales de Alaska. En América Latina, Brasil en 2005 promulgó la Ley No. 10835, que crea el Ingreso Básico Ciudadano para todos los brasileños y residentes legales de más de cinco años en el país.
En contraparte, México ha optado por la diversificación de los programas sociales. En los últimos años hemos visto que, aunque nacieron para combatir la desigualdad alimentaria, hoy su integración no corresponde a ese origen. De acuerdo con el Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social (Inventario Estatal), que integra y sistematiza los datos de las 32 entidades, del año 2016, el derecho social a la educación fue el que tuvo mayor frecuencia en las intervenciones, con 26 por ciento; seguido por las vinculadas con la dimensión de bienestar económico (20%) y, en tercer lugar, aquellas alineadas con la salud (18%). En contraste, los programas y acciones sociales vinculadas al trabajo (4%) y a la seguridad social (2%) tuvieron la menor presencia.
En cuanto a número de intervenciones, el Edomex lidera este rubro con 74 programas sociales en funcionamiento, seguido de CDMX y Yucatán, ambos con 68. Al final de la tabla se ubica Chiapas, con solo 10 programas de desarrollo social estatales. Gran contradicción considerando las características socioeconómicas de los habitantes de los dos extremos del análisis.
Ante este disímbolo escenario, es necesaria una reingeniería que unifique con criterios técnicos la distribución de los crecientes recursos estatales destinados a esta noble tarea, para que tengan mayor impacto en la calidad de vida de las personas y ayuden a equilibrar el desarrollo local.
Una solución cercana parece ser la renta básica o ingreso básico universal (IBU), que consiste en un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de un individuo como un derecho social, no sujeto a otra condición más que la de la ciudadanía o residencia en la localidad.
En el “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014”, el CONEVAL pidió atención especial por parte del Ejecutivo, estados y municipios en lo siguiente: “Analizar diferentes opciones para garantizar un piso mínimo de ingreso a la población que disminuya o prevenga su vulnerabilidad. Al menos, deberían discutirse las siguientes: (…)
- Renta básica ciudadana.
- Transferencia monetaria a toda la población como estrategia de no exclusión a la población pobre”
En el análisis generalizado de los académicos especialistas en combate a la pobreza, el costo del IBU resultaría bajo en comparación con el costo de no prestar protección social en términos de pobreza y vulnerabilidad generalizadas, desintegración social, privaciones generalizadas, pérdida de activos y otros efectos relacionados con la capacidad productiva del país.
Las preguntas ahora son: ¿Por dónde empezar? y ¿Qué grupo social se debe atender primero?
*Consultor en Gobernova
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