Ya en vigor la Ley de Amnistía, sigue causando controversias entre autoridades, legisladores, y la ciudadanía pues mientras algunos aprueban la ley, otros han señalado que esta iniciativa debe de ser analizada.

Guillermo Guadarrama

Cabe recordar que desde el pasado 23 de abril entró en vigor la Ley de Amnistía federal, misma que tiene la intención de liberar y beneficiar principalmente a mujeres acusadas del delito de aborto, a indígenas que durante su proceso legal no contaron con intérpretes o defensores que conocieran su lengua y a personas sentenciadas, no reincidentes, en distintos supuestos como delitos contra la salud, robo simple, sin violencia y sedición.

Desde que se aprobó la Ley de Amnistía en el ámbito federal al menos ocho entidades impulsan sus leyes locales, entre ellas el Estado de México, una de las entidades con más población penitenciaria, con 31 mil 13 Personas Privadas de la Libertad (PPL), de las cuales 29 mil 984 cometieron delitos del fuero común y mil 109 del fuero federal, según datos de la Secretaría de Seguridad estatal.

Esta ley estipula que, para la evaluación de las solicitudes que se presenten para ser beneficiarios de la misma, el Ejecutivo Federal creará una Comisión encargada de coordinar los actos de cumplimiento y vigilar la aplicación de dicho beneficio, y posteriormente será un juez federal quien resuelva el otorgamiento de la amnistía.

Al respecto, Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, consideró que es necesario garantizar que aquellas personas que fueron acusadas de manera injusta sobre delitos de alto impacto sean incluidas en la Ley de Amnistía local.

Explicó que las iniciativas de Morena y PT buscan lograr la libertad de personas que integran grupos vulnerables “sin embargo, hay que ampliar el espectro a aquellas personas que no necesariamente integran estos grupos, así como el catálogo de delitos”.

Por último señaló que el debate parlamentario apenas inicia y enfatizó que el mismo debe echar mano de la sociedad civil, académicos, autoridades y legisladores; así como de familiares de víctimas y víctimas que han recuperado su libertad, como los ex presos de San Pedro Tlanixco.

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