Consecuencias en la calidad del gasto de la reforma que eleva a rango constitucional la existencia de los programas sociales federales 

Ramón Cuevas Martínez* 

Un gran reto para las finanzas públicas nacionales significará la propuesta del presidente López Obrador de mantener los apoyos económicos para los nuevos programas sociales impulsados por su gobierno, los cuales al parecer tienen el camino libre en el Congreso de la Unión para convertirse en una pronta realidad. 

 La reforma constitucional no solo significa aumentar exponencialmente el gasto social, ya que en un amplio sentido elimina cualquier posibilidad de que estos apoyos desaparezcan en algún momento del actual gobierno federal. Prácticamente es un anclaje en el gasto para al menos los 5 años restantes. 

Como consecuencia de la iniciativa, de manera indirecta se elimina la posibilidad de que a lo largo de los próximos 5 años se destinen recursos financieros para atender adecuadamente crisis como la del coronavirus, que, aunque a primera vista parece que es un fenómeno pasajero, lo más seguro es que requiera una fuerte inyección de dinero en infraestructura de salud a lo largo de los próximos 10 años. En esta lógica, es una contradicción que el propio Secretario de Salud, no haya anunciado que solicitará mayores recursos al Congreso para lograr este superior propósito donde nos va la vida a muchos. 

Entrando en materia, el dictamen que reforma el 4°constitucional que está en el Senado propone garantizar “la entrega de apoyos económicos a la población que tenga discapacidad permanente, a las personas mayores de 68 años, a las y los estudiantes en condición de pobreza y se garantizarán servicios de salud a quienes carecen de seguridad social. Asimismo, se establece que serán prioridad las y los jóvenes pertenecientes a familias en condición de pobreza, acotándose que el otorgamiento de becas será para estudiantes que en verdad lo necesitan por estar en pobreza”. 

La iniciativa también incluye otorgar atención médica gratuita a quienes no gozan de seguridad social, así como la entrega de apoyos a personas mayores y becas a estudiantes de todos los niveles escolares. Así mismo, la propuesta del presidente establece la garantía del apoyo económico a las personas con discapacidad, teniendo como prioridad a las y los mexicanos menores de 18 años, los indígenas de hasta la edad de 64 años y la población mexicana que se encuentre en condición de pobreza. 

Por otro lado, las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva, que, a diferencia de las prestaciones contributivas, -donde se exigen requisitos mínimos de cotización- las prestaciones no contributivas se entregarán a todas y todos los ciudadanos que se encuentran en una situación de necesidad. En el caso de los indígenas esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. 

La reforma prácticamente elimina la posibilidad de que los Diputados puedan, dentro de sus facultades, proponer correcciones al ejercicio del gasto en esta materia, asimismo, también limita la posibilidad de que se integren nuevas formas de brindar apoyos sociales, exitosos en otras latitudes, como es el caso de la distribución de apoyos sociales a partir del reconocimiento de los derechos humanos de los grupos vulnerables, muchos de los cuales, sin ser grandes mayorías, representan sectores ampliamente excluidos y discriminados por la sociedad, que en este momento sufren una creciente pobreza patrimonial y alimentaria, ahí se encuentran las madres solteras, mujeres jefas de familia e integrantes de la comunidad LGBTT. 

*Consultor en Gobernova 

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