Con esos amigos… 

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la extinción de los fideicomisos de muchas de las dependencias públicas. Lo anterior delata la imperiosa necesidad que tiene el Gobierno Federal que encabeza, por obtener recursos de donde sea. Lo que indica que algo en el manejo de los recursos públicos por parte de esta administración federal se ha hecho muy mal. Adicionalmente, la desaparición de estos fideicomisos se realizó siguiendo fielmente el modus operandi del actual Gobierno de México, sin contar con un análisis detallado de cada caso en particular, sin tener claro para qué servían, ni cómo eran utilizados o, menos aún, cómo era que se allegaban de recursos. El pretexto usado para eliminar los fideicomisos fue idéntico al que antes ha servido para atropellar la legalidad de nuestro país: que éstos se habían utilizado mal, por supuesto, sin exhibir evidencia. Y para redondear el atraco, el decreto de López ordenó reintegrar a las arcas de la Federación, los fondos que en su conjunto tenían acumulados estos fideicomisos. 

Eric Rosas

Claro que la existencia de tales fideicomisos tenía una razón de ser y en la mayoría de los casos, los fideicomisarios, principales afectados con el decreto de López, han salido de inmediato a reclamar la autoritaria decisión y a defender legalmente la permanencia de los fideicomisos y la retención de sus fondos. Sin embargo, llama poderosamente la atención que tal protección para sus representados no haya sido emulada por María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, institución en la que existían varios fideicomisos de los incautados por López. Muchos de estos fideicomisos eran administrados por algunos de sus 26 centros públicos de investigación (CC. PP. II.)  y, como será fácil de imaginar, servían para fondear actividades de investigación científica, de desarrollo tecnológico y estudios socio-económicos. En la mayoría de los casos de los fideicomisos de los CC. PP. Il., sucede que los investigadores de la institución correspondiente realizan servicios de consultoría, capacitación, entrenamiento, etc., en sus diversas especialidades, que venden a la iniciativa privada y producto de éstas se ingresan recursos que se ahorran en estos fideicomisos y se usan luego para paliar los enormes faltantes presupuestarios que endémicamente han afectado a la asignación de recursos públicos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en México. No son pues, recursos provenientes del erario, sino ingresos de la venta de actividades extraordinarias de las comunidades de esos CC. PP. II. 

Si bien en algunas ocasiones se llegó a escuchar que en algunos CC. PP. II., ciertos directivos hacían efectivamente usos cuestionables de los recursos de sus fideicomisos, la realidad es que si estos existieron deberían ser castigados, pero en cualquier caso, la mayoría de las veces, estos fideicomisos sirvieron para completar el pago de becas de manutención para estudiantes de escasos recursos; resarcir pérdidas por el tipo de cambio en la compra de equipo científico de importación; financiar proyectos de tecnología con enfoques locales; ayudar a los empleados a obtener una compensación digna en el momento de su retiro laboral; etc. Si algo era perfectible en la administración de estos fideicomisos, una acción en este sentido habría sido entendible y aceptable, pero nada justifica la voracidad de López para quedarse con recursos ajenos y menos aún, la complicidad de Álvarez-Buylla, quien sigue traicionando la confianza de la comunidad científica de México. 

Lo anterior, dicho sin aberraciones. 

e.rosas@prodigy.net.mx 
Twitter: @DrEricRosas