El diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura del Estado de México, aseguró que el Congreso mexiquense hará lo que le corresponde para fortalecer el marco legislativo que dé certeza tanto a los mexiquenses como al Estado sobre sus propiedades y sus bienes, al manifestar su respaldo a la construcción de una Ley General en Materia de Armonización y Homologación de los Registros Públicos Inmobiliarios, de Personas Morales y de Catastros del País.

Redacción

Durante el Séptimo Foro Regional Estado de México para el análisis y elaboración de esa ley, encabezado por el legislador Juan Carlos Soto Ibarra, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Maurilio Hernández señaló que la Legislatura mexiquense estará pendiente de la resolución del Congreso federal para hacer lo permitente al recibir la minuta.

Calificó el propósito de estos foros (que serán nueve en total en distintas regiones del país) como “halagüeño e inserto en los tiempos que vivimos”, y agradeció la presencia de representantes de los estados de Guerrero, Hidalgo, Querétaro, así como de dependencias federales y estatales.

El diputado Juan Carlos Soto Ibarra aseguró que la Comisión a su cargo y la Legislatura apoyarán este proyecto de ley, el cual se aplicará sobre los 2 mil 457 municipios de las 32 entidades del país y sus 104 ciudades, donde existe la necesidad urgente de regular el mercado inmobiliario para fomentar la vivienda pública y buscar formas alternativas de producir y gestionar entornos habitables.

Acompañado por la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal y el legislador Carlos Loman Delgado, Soto Ibarra indicó que los registros catastrales son un importante instrumento para la gestión sustentable de los asentamientos humanos, pues permiten conocer los bienes inmuebles de un territorio, registrar sus características, determinar su valor y conocer su situación jurídica, todo encaminado a la captación de recursos a través del cobro de impuestos.

Informó que la hacienda municipal depende en 70% de las transferencias de la Federación, que en los estados sólo 21% proviene de ingresos propios (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos), mientras que el predial contribuye en apenas 8.8% a los ingresos públicos, por lo que destacó la importancia de fortalecer la capacidad institucional de los registros catastrales, fomentar la relación entre gobierno y contribuyentes y de considerar que la gestión del predial y su proceso de cobro deben estar aislados de consideraciones políticas y ser el resultado de un ejercicio técnico. 

Todo esto, precisó el legislador, debe estar encaminado a la generación de modelos de ciudad sostenibles e incluyentes, centrados en las personas y que reduzcan la desigualdad social y territorial heredada de los modelos urbanos basados en el desarrollo económico que desfavorece a las clases trabajadoras.

Juan Carlos Soto aseguró además que se debe garantizar el derecho humano a la ciudad —aprobado ya por el Congreso mexiquense— que reclama la función social de la propiedad y la ciudad, así como espacios públicos de calidad, vínculos rurales-urbanos equilibrados y sostenibles, una economía diversa e incluyente, una ciudadanía inclusiva con mayor participación política y derechos relacionados con la no discriminación, la igualdad de género y la diversidad cultural.

Concibiendo a las ciudades como lugares donde los diferentes grupos e identidades comparten su espacio vital —abundó el legislador—, el derecho a la ciudad invita a los gobiernos locales a fomentar la cohesión social y luchar contra la proliferación de la discriminación, impulsando la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

El diputado federal Jesús Sergio Alcántara Núñez, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aseguró que para lograr la correcta planificación y gestión del territorio es necesario integrar, administrar, procesar y utilizar la información de manera integral, y detalló que el objetivo de los foros es obtener una ley que dé una mejor respuesta a la ciudadanía y fortalezca el ordenamiento territorial y la certidumbre jurídica.

Gabriel Mauricio Moya Alessio Robles, director general adjunto del Orden Jurídico Nacional de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, apuntó que este marco normativo abonará a la seguridad jurídica de los mexicanos respecto a su patrimonio, y entre las áreas de oportunidad en la materia destacó el uso de tecnología de punta, la mejora de los procesos y la vinculación de la información registral y catastral.

Pablo Basáñez García, subsecretario de Desarrollo Metropolitano del Estado de México, planteó que tener actualizado el sistema registral y catastral impactará en el desarrollo económico del país, en la atracción de inversiones y la apertura de empresas, y coincidió en la relevancia de este nuevo marco jurídico ante la situación en que se encuentran los sistemas registrales y catastrales de las entidades.

El notario José Alfonso Portilla Balmori, vicepresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, señaló que la homologación de registros y catastros permite que, cuando los bienes inmuebles están plenamente identificados, los tiempos de respuesta sean mejores, los créditos fluyan ágilmente y se acorten los plazos de entrega de documentos. 

En tanto, Andrés Hoffmann Palomar, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, apuntó que contar con una sola referencia para ubicar un inmueble, tanto registral como catastralmente, subsanará vicios por la falta de regularidad en la tenencia de la tierra y ayudará a acotar campos que puedan ser amplios para la corrupción y, por tanto, permitirá generar una mayor actividad económica.

El presidente electo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Ponciano López Juárez, propuso incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la prestación de los servicios registrales, catastrales y notariales para garantizar la confianza, seguridad y certeza jurídica a los gobernados en la adquisición, conservación y transmisión de sus bienes inmuebles y de sus derechos sobre estos.

En mesas de trabajo, los representantes de los institutos de la función registral y de los institutos catastrales de otras entidades federativas propusieron, para que se considere en el proyecto de ley, eliminar el uso del papel mediante la digitalización de acervos, la automatización de los procesos, la implementación de mecanismos que favorezcan la transparencia en la información registral y el establecimiento de convenios con instituciones educativas para el levantamiento de padrones.

Además, que el registro público y el catastro trabajen de manera conjunta, la realización de jornadas de capacitación y asesoría técnica constantes y la descentralización de los registros públicos.

(Foto: Especial Portal)