La 60 Legislatura avaló por mayoría de votos el dictamen de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior del Estado de México (OSFEM), el cual establece la desaprobación de las cuentas públicas de 2018 de 13 municipios: Almoloya de Juárez, Amanalco, Atenco, Capulhuac, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Temascalcingo, Tianguistenco, Zacualpan y Zumpahuacán por evaluaciones financieras y de desempeño calificadas como críticas; Morelos, por entregar información de manera extemporánea, y Ecatepec y Chimalhuacán, por tener los mayores montos observados.
Redacción
El Pleno legislativo aceptó la recomendación de la Comisión de aprobar la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2018 de los municipios del Estado de México, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los organismos públicos descentralizados para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (Mavici), los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte (Imcufide), y el Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango, con excepción de los ayuntamientos mencionados y del Imcufide de Aculco, el cual también entregó su información de manera extemporánea.
Con el dictamen de la Comisión, al que dio lectura el diputado Edgar Armando Olvera Higuera (PAN), secretario de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, se tiene por fiscalizada, revisada, analizada y discutida la Cuenta Pública municipal de 2018, y se instruye al OSFEM a practicar auditorías financieras especiales a Ecatepec y Chimalhuacán, debido a que, en la revisión de los informes mensuales se les determinaron observaciones por un monto mayor a 300 millones de pesos, por lo que se solicita una revisión a los rubros de servicios personales, adquisiciones y obras públicas.
El dictamen fue votado en contra por los legisladores de morena Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, Faustino de la Cruz Pérez, Azucena Cisneros Coss y Xóchitl Flores Jiménez, quien puntualizó que uno de los principales reclamos del pueblo es la correcta aplicación del erario público, por lo que la 60 Legislatura no debe pasar por alto su mal manejo, y señaló, como caso particular, el del ayuntamiento de Chimalhuacán, del cual es necesaria una investigación sobre los 352 millones de pesos que recibió en donde se justifique su aplicación en beneficio de la ciudadanía, además de que se deben aclarar y resarcir las observaciones realizadas a la administración 2016-2018.
También se le instruye al OSFEM que, en los casos en que proceda de la revisión de la cuenta pública, se investigue y se substancien los procedimientos de responsabilidad administrativa de su competencia y los envíe al Tribunal de Justicia Administrativa para que determine lo procedente.
En total, a las 377 entidades fiscalizables se les detectaron 4 mil 291 observaciones por un monto de 3 mil 43 millones de pesos; 7 mil 650 hallazgos por 125 mil 615.2 millones de pesos, 35 mil 206 recomendaciones y mil 86 hallazgos con presunta responsabilidad por 10 mil 912.7 millones de pesos.
De lo anterior se identificó que la deuda consolidada de las entidades públicas municipales al 31 de diciembre de 2018 asciende a 25 mil 133 millones 121 mil pesos, de los que la mayor parte la concentran los ayuntamientos, con 14 mil 767 millones 333 mil pesos, y que las entidades públicas municipales debían (a final de 2018) mil 366 millones 614 mil pesos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) por concepto de cuotas y aportaciones.
Por lo anterior, la Comisión de Vigilancia instruyó al OSFEM a dar seguimiento a los entes que adeudan al Issemym y que, si derivado de la investigación se identifica alguna responsabilidad, se proceda a substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa de su ámbito de actuación y los remita a las autoridades competentes.
En este sentido, se exhortó a los ayuntamientos a implementar mecanismos para incrementar la recaudación de ingresos propios; considerar los techos de endeudamiento, así como el uso prudente de créditos a corto y largo plazo; implementar mecanismos para la mejora en la programación y gestión del gasto; cumplir con las disposiciones establecidas; realizar una planeación financiera; fortalecer los controles internos para lograr una gestión administrativa eficiente, y mediante los órganos de control de las entidades, dar atención preventiva a las posibles irregularidades en la gestión de los recursos.
El dictamen exhorta a los ayuntamientos de Atenco, Atizapán de Zaragoza, Chapa de Mota, Coyotepec, Ecatepec de Morelos, Lerma, Melchor Ocampo, Tecámac, Texcoco y Tlalnepantla de Baz que cuentan con sus Imcufide para que propongan su creación a la Legislatura del Estado de México.
De igual manera, se exhorta a que pongan en operación sus Imcufide a los ayuntamientos de Acambay, Almoloya de Juárez, Atlautla, Capulhuac, Cuautitlán, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Joquicingo, Juchitepec, Malinalco, Morelos, Otzoloapan, Polotitlán, San Mateo Atenco, Santo Tomás, Soyaniquilpan, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Temoaya, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tlatlaya, Tonatico, Tultepec, Villa Guerrero, Xalatlaco, Xonacatlán, Zacualpan y Zumpahuacán.
Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditorías financieras aplicadas a 20 ayuntamientos y cinco organismos descentralizados operadores de agua, se identificó que 14 ayuntamientos calificaron como ‘Suficiente’ y seis como ‘Crítico’; cuatro organismos de agua como ‘Suficiente’ y uno como ‘Crítico.
También se calificó el Cumplimiento Presupuestal y de Bienes Muebles e Inmuebles de los Ayuntamientos, el Resultado General del Cumplimiento en Armonización Contable Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable 2018 y auditorías de obras, patrimonial y financiera.
El OSFEM deberá enviar a la Comisión de Vigilancia los informes mensuales del avance de la solventación o acciones realizadas; la información mensual cualitativa y cuantitativa de los avances de los resultados de la fiscalización del ejercicio 2018; incluir la información de las auditorías en curso: número, tipo de auditoría, nombre de cada una de las entidades fiscalizables, así como una breve descripción de las recomendaciones y hallazgos y su seguimiento.
Las entidades fiscalizadas fueron 125 ayuntamientos, 125 DIF, 45 organismos descentralizados operadores de agua, 80 Imcufide, un Instituto Municipal de la Juventud y el Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, a los que se les realizaron procedimientos de fiscalización de desempeño.
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