¿Kiko a la cárcel?

Por Gustavo Rentería*

Una práctica muy común de los gobernadores, casi siempre al final de sus mandatos, es “regalar” patentes notariales a los amigos, incondicionales, familiares y más cercanos colaboradores.

Los fedatarios son funcionarios con estudios de derecho cuya intervención otorga carácter público a los documentos privados y que los autoriza su firma. Es decir, son testigos de fe que garantizan la legitimidad de los documentos en los que interviene y proporciona a los ciudadanos la seguridad jurídica en el ámbito extrajudicial.

Los actos de los notarios se hallan investidos de presunción de verdad, ya que están habilitados por las leyes y reglamentos para conferir fe pública de los contratos y actos extrajudiciales originados en el marco del derecho privado de naturaleza civil y mercantil, así como para informar y asesorar a los ciudadanos en materia de actas públicas sobre hechos, cuestiones testamentarias y derecho hereditario, entre otros.

Los notarios, lo saben bien los gobernadores, ejercen una labor de custodia de documentos en los denominados protocolos notariales y están obligados a mantener neutralidad en sus actos, lo cual los distingue de los abogados, quienes deben tomar parte y estar del lado de sus clientes o representados.

Pero como son pocos, y sus honorarios nada despreciables, se han convertido en una élite estatal fundamental. En algunas entidades está muy bien regulado, y hasta examen para aspirar a convertirse en fedatario realizan; pero en otras latitudes es voluntad, regalo, obsequio perverso del gobernador en turno.

¿Por qué entonces nos sorprendemos, que un neófito en el derecho sea notario, o que un vulgar político monte su notaría, con los más oscuros intereses? La respuesta es sencilla, porque así lo decidió su amigo gobernador.

Este reportero no escribe sobre la mayoría de los notarios que merecen todo nuestro respeto y afecto, sino de ese grupúsculo de rufianes que cercanos al poder, lograron patentes, desprestigiando al distinguido gremio.

Por ello aplaudimos la decisión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que anuló, hace unas, horas 5 notarías aprobadas por el ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid.

No se observó el principio de igualdad y equidad establecido en el artículo primero de la Constitución, pero si se vio el amiguismo y el compadrazgo de don Kiko y los que fueron notarios por unos días.

El Colegio de Notarios bajacaliforniano aplaudió la medida, más allá de anular la competencia, porque a todas luces ese “regalo” era inmoral y violaba todos los principios jurídicos.

El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informó que dicha anulación corresponde a las siguientes notarias: la número 26, de Rafael Angulo Cebreros y la 27 de Javier López López, ambas de Tijuana.

De la misma manera, la número 18, de José Ricardo Padilla Ibarra; la 19 de Javier Mayoral Murillo y la 25 de Viviana Rubio Padilla, de Mexicali.

La actual administración morenista realizará una convocatoria transparente y equilibrada -según prometieron- para hacer la entrega de notarías en Baja California, lo cual ha sido muy aplaudido por detractores y defensores del gobierno que pretende quedarse 5 años, después de una modificación constitucional, gracias al apoyo del ex congreso de mayoría panista.

Debemos de estar atentos a las posibles acusaciones de la administración Bonilla en contra de Francisco Vega; que a nadie le sorprenda que Kiko acabe en la cárcel.

Con Valor y Con Verdad.-¡Qué gran noticia regaló el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, durante su tercer informe de gobierno! La UNAM instalará un campus académico en la capital en el primer semestre de 2020. Por cierto, el representación del presidente López Obrador, la secretaria Olga Sánchez Cordero fue testigo de la ceremonia, donde también se adelantó que habrá una derrama de más de 30 mil millones de pesos para el 2022, con motivo del tren interoceánico.

*Periodista, editor y radiodifusor

@GustavoRenteria

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