Sistemas anticorrupción, construcciones diferentes 

Ramón Cuevas Martínez*  

Sobre el combate a la corrupción, todos a través del tiempo realizaron su propio diagnóstico. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo, considera que simplificando los trámites de 4 dependencias municipales -tesorería, desarrollo urbano, desarrollo económico y organismo de agua- es posible mejorar la atención a los usuarios de trámites locales, pues representan el 70% de la carga administrativa, con la consecuente disminución de la corrupción municipal. 

Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), publicó en 2105 un estudio sobre herramientas electrónicas, donde documentó que 8 de cada 10 usuarios de trámites gubernamentales consideraron que se eliminaría la corrupción si se desarrollaban plataformas electrónicas para atención ciudadana en lugar de las tradicionales ventanillas de atención al público. 

Mas allá de los diagnósticos certeros al respecto, también es cierto es que hasta ahora no existen sólidas políticas anticorrupción, pues no existía una instancia que se dedicara a construirlas, y aunque muchos podrán decir que era una función de las contralorías estatales y municipales, si revisamos detenidamente los organigramas de estas dependencias, su trabajo se concentra tradicionalmente en la auditoría y las responsabilidades administrativas. 

Combatir la corrupción significa dejar de ver el fenómeno como un rumor de pasillo, algo oculto que nadie tiene la certeza de su veracidad, para generar herramientas para combatirla mediante controles financieros y no financieros, transparencia en las áreas de adquisiciones, así como la investigación de los socios de negocios (proveedores de servicios), entre otros aspectos. 

Es bastante claro que quien quiera soluciones mágicas en esta lucha, se debe quedar sentado esperando, pues las agencias anticorrupción deben de garantizar la existencia de políticas que inhiban el fenómeno, más nunca son responsables de las sanciones a los servidores públicos corruptos, para eso existe ya todo un marco reglamentario para castigar. En todo caso, si hay hechos consumados de corrupción debe voltearse a juzgar la actuación de las fiscalías y el Poder Judicial, en cuya responsabilidad está el procesar de los culpables. 

Por último, se debe señalar la gran oportunidad que tienen las entidades federativas para generar políticas anticorrupción verdaderamente exitosas, que respondan a sus propias necesidades, afirmación que se sustenta en la descalificación presidencial del Sistema Nacional Anticorrupción, hecho que hará que existan nulos avances en el ámbito federal durante los próximos 5 años, pues los servidores públicos seguirán la consigna de descalificación que les ha marcado el titular del ejecutivo federal. Por lo que cada entidad se verá en la necesidad de crear sus propios mecanismos anticorrupción. 

En resumen, esperamos sistemas anticorrupción construidos según la realidad y voluntad de cada gobierno estatal y municipal, estoy seguro que veremos esfuerzos muy importantes y resultados relevantes en algunos estados, y contradictoriamente, esta lucha institucional no será acompañada por nuestro presidente, siendo que en gran medida la promesa de acabar con este repugnante fenómeno, le sumó millones de votos. 

* Consultor en Gobernova 

@CuevasRamon contacto@gobernova.com.mx   @gobernova     www.gobernova.com.mx