La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró tres predios en el Estado de México tras detectar actividades que podrían generar afectaciones a ecosistemas forestales, entre ellas el desmonte de vegetación, la remoción de arbolado y presuntas irregularidades en el manejo y transformación de materias primas forestales.

Las acciones derivaron de denuncias ciudadanas y de inspecciones realizadas en los municipios de Jilotzingo y Almoloya del Río, donde personal de la dependencia federal identificó obras y actividades desarrolladas sin que se acreditaran las autorizaciones correspondientes en materia ambiental.

Durante las inspecciones se constató la apertura de caminos y terraplenes mediante el uso de maquinaria pesada, así como la remoción de ejemplares de encino en terrenos con vocación forestal. Asimismo, se detectó la operación de un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales que no acreditó la documentación requerida para su funcionamiento ni la legal procedencia de los productos encontrados en el sitio.

Como resultado de las diligencias, la Profepa impuso la clausura total temporal de dos predios ubicados en el municipio de Jilotzingo y de un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales en Almoloya del Río. En este último caso también se ordenó el aseguramiento precautorio de madera y maquinaria.

El primer caso corresponde a un predio ubicado en el paraje “El Jazmín”, en la comunidad de Rancho Blanco, municipio de Jilotzingo, donde inspectores acudieron el pasado 9 de junio en atención a una denuncia popular.

En el sitio se localizaron obras y actividades en una superficie aproximada de 15 hectáreas, integrada por pastizal inducido y zonas con arbolado de encino, características que corresponden a terrenos forestales.

Las denuncias señalaban el derribo de árboles y el cambio de uso de suelo para la apertura de un camino mediante maquinaria pesada. Durante la visita, las personas presentes no permitieron verificar la existencia de autorizaciones federales en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por lo que la Procuraduría procedió a colocar sellos de clausura y suspender temporalmente las actividades.

En una segunda intervención, también en Jilotzingo, la Profepa inspeccionó un predio localizado en la comunidad de Santa María Mazatla, donde se realizaban trabajos para abrir una brecha y construir un terraplén destinados al desarrollo de una vivienda.

La inspección permitió constatar que las obras se desarrollaban en una superficie cercana a los tres mil metros cuadrados y que las actividades habían provocado la remoción de ejemplares de encino mediante el uso de maquinaria pesada.

Al no acreditarse la autorización de cambio de uso de suelo emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la dependencia federal ordenó la clausura temporal de las obras e inició el procedimiento administrativo correspondiente para determinar posibles responsabilidades.

El tercer operativo se realizó el 10 de junio en un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales ubicado en Almoloya del Río.

Durante la diligencia, los responsables no acreditaron contar con la autorización de funcionamiento expedida por la Semarnat ni demostraron la legal procedencia de la madera y demás productos forestales localizados en el establecimiento.

Ante estas irregularidades, la Profepa clausuró temporalmente el centro denominado “Daniel Martínez Alvarado” y aseguró de manera precautoria madera en rollo, madera en escuadría y diversa maquinaria utilizada en las actividades del aserradero.

La dependencia federal informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados en los tres casos y realizará las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas, así como para determinar las sanciones que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente.

Las acciones forman parte de los esfuerzos para combatir la pérdida de cobertura forestal y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en zonas de alta importancia ecológica del Estado de México.