Gabriela Landetta 

La tala ilegal en el Estado de México es un asunto grave, complejo y con décadas de antigüedad, que se ha agudizado recientemente por los enfrentamientos con estos criminales, expresó Alejandro Sánchez Vélez, titular de la Protectora de Bosques del Estado de México 

“Es un asunto bastante grave. Lleva muchísimos años, aunque en últimas fechas se ha agudizado por los conflictos”, manifestó al tiempo que consideró que el problema debe analizarse desde varias aristas y no sólo con operativos porque “eso se convierte en conocimiento de mucho y control de muy poco”.  

Al respecto, aclaró que Probosque participa y colabora en operativos, pero no tiene atribuciones de inspección, vigilancia ni sanción. “Nosotros apoyamos evaluando los daños ambientales, silvícolas, sociales o económicos, y almacenamos la madera en nuestros patios. Pero las dependencias que tienen esa atribución son Profepa, Fiscalía y las policías. Nosotros somos un aliado que conoce bien las áreas”.  

Sánchez Vélez detalló que Probosque cuenta con un sistema cartográfico y de información geográfica que ubica todos los sitios forestales, pero advirtió que resolver el problema tomará tiempo. “No podemos resolver algo que lleva décadas, en unos cuantos meses”, dijo.  

Señaló que uno de los factores clave en este asunto, es que la tala se concentra en áreas donde no se cuenta con planes de manejo forestal: “donde hay manejo, donde está organizada la producción, no sólo no hay tala: la incidencia de fuego es nula y las plagas se combaten de inmediato”.  

Destacó que de un millón de hectáreas de vocación forestal en la entidad , cerca de 400 mil están arboladas, pero sólo 250 mil están bajo manejo forestal con planes y ciclos de corta definidos. Estas áreas acceden a beneficios como pago por servicios ambientales y certificación. “Los dueños y poseedores ven un buen negocio y tienen que cuidarlo”, indicó.  

Sin embargo, reconoció que no es fácil: “me ha tocado enfrentarnos a personas armadas, con pasamontañas intimidantes, con cara de calavera. El gran público no lo ve y nosotros estamos expuestos en nuestra seguridad”. Por eso, Probosque impulsa alternativas como fomentar el manejo, la certificación y el programa de pagos para que más núcleos agrarios tengan beneficios legales por cuidar el bosque.  

Para el director de Probosque, cada ejido o núcleo agrario necesita casi un plan de negocio. “Que vean que el cuidado del bosque vale más vivo que muerto. Cada vez que se tala, el mismo que lo hace también afecta a su familia, porque generalmente son nuestros paisanos”. Por ello se requieren nuevos esquemas de acceso a beneficios y formas legales de aprovechamiento.  

Entre las acciones del gobierno estatal, destacó el efecto disuasivo de las iniciativas aprobadas por el Congreso, como los diez años de cárcel para quienes provoquen incendios forestales. También mencionó el incremento al programa de pago por servicios ambientales, la certificación y la educación para disuadir la tala ilegal.  

Asimismo, destacó el apoyo de Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía y la Secretaría General de Gobierno en las iniciativas para disuadir de manera pacífica esas actividades.

(Foto: Gabriela Landetta)