Martha Romero

El Congreso Mexiquense aprobó elevar la pena de prisión por la explotación y degradación de los recursos forestales, específicamente la tala clandestina, así como disuadir y reducir las conductas delincuenciales medioambientales, propuestas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El dictamen puntualiza que a quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques, cualquiera que sea su régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra, se le aplicarán de 10 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días multa. 

Cuando la destrucción de los productos de los montes o bosques sea a consecuencia de la tala de árboles, sin autorización de la autoridad correspondiente, se impondrán de 15 a 25 años de prisión y de dos mil a tres mil 500 días multa.

Mientras que a las personas autoras intelectuales, instigadoras, a quienes obtengan un lucro indebido, a quienes controlen o inciten a personas menores de edad o adultas mayores para cometer este delito, se les impondrá una pena de 15 a 25 años de prisión y de dos mil a tres mil 500 días multa. 

Además se estipulan penas de 15 a 25 años de prisión, así como de dos mil a tres mil 500 días multa, cuando los delitos referidos sean cometidos en áreas naturales protegidas, con violencia o mediante el uso de armas prohibidas.

La reforma también contempla penas de cinco a 15 años de prisión y de 100 a 500 días multa a quien dolosamente deteriore, por el uso, la ocupación o el aprovechamiento, un inmueble que por decreto del Ejecutivo del Estado haya sido declarado área natural protegida, en sus diferentes modalidades de reservas estatales, parques estatales, parques municipales, reservas naturales privadas o comunitarias, parajes protegidos, zonas de preservación ecológica de los centros de población y las demás que determinen las leyes y reglamentos de la materia.

 (Foto: Especial Portal)