Martha Romero 

Es alarmante que en el Estado de México no haya una legislación actualizada relacionada con el ecocidio que, aunque es mencionado en algunas instituciones gubernamentales, el marco normativo estatal carece no solo del término sino de acciones concretas para frenar esta práctica que deja desprotegido al medio ambiente, aseveró la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Refirió que, si bien el Código Penal Estatal contempla un capítulo denominado Delitos Contra el Ambiente que tipifica acciones generales, el ecocidio es una acción multifactorial que pasa por todo un círculo de acciones, omisiones, corrupción, complicidades y falta de un andamiaje que castigue acciones concretas, sobre todo las que ponen en peligro no solo al ecosistema sino a la población.

Por ello, propuso reformas para introducir el delito de ecocidio y así se piense dos veces antes de autorizar, ordenar y ejecutar la destrucción total o parcial de fauna, flora o cualquier ecosistema que pueda causar un desequilibrio biopsicosocial.

Indicó que la iniciativa propone que quien cometa este delito se le impondrán penas de 10 a 15 años de prisión y de 500 a tres mil días multa, pero se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días de multa cuando las conductas se realicen por servidores públicos para obtener un lucro o beneficio económico y se documente la complicidad para lograr el delito mencionado.

Pérez Correa añadió que también propone que la reparación de los daños por delitos de ecocidio consistirá en la realización de acciones necesarias para restablecer las condiciones ecológicas anteriores a la realización del ilícito, ello en la medida de lo posible. Además de que cuando las acciones afecten a personas y/o propiedades, estas serán reparadas de acuerdo con la sentencia que dicte la autoridad judicial conforme al caso

Precisó que no se considerará ecocidio y serán excluyentes de penas, las personas a quien por vivir en condiciones de extrema pobreza o que por urgente necesidad realicen aprovechamientos forestales en cantidades o proporciones de consumo personal o familiar.

Y es que dijo que de acuerdo con la Protectora de Bosques y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalan que en 2022, a causa de la tala clandestina, la entidad mexiquense perdió de manera alarmante macizo forestal que se reflejó en un 150% de delitos ambientales.

Añadió que Texcoco, Ixtapaluca, Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla, Ecatzingo y Ozumba, municipios ubicados en el oriente del Valle de México, se encuentran invadidos por bandas de talamontes que han cortado de manera ilegal al menos 5 mil árboles de oyamel, pino y encino.

Precisó que como resultado de este tipo de prácticas se han perdido alrededor de 1.5 millones de hectáreas de bosque, aunado a factores climatológicos y otros por impunidad, éstos últimos generados por la omisión de las autoridades e incluso del Poder Legislativo por no establecer un marco jurídico que evite la tala clandestina, el cambio de uso de suelo, los incendios provocados y las grandes contaminaciones por las empresas, pues tan solo en 20 años se ha destruido el 50% de los bosques.

“Y es que es tan responsable aquel que tala o desmonta materiales del entorno natural como el funcionario o servidor público que se hace de la vista gorda y permite que estas conductas se sigan dando. Igualmente, aquel que por medio de dinero modifica permisos y licencias para que se pueda atentar contra la flora y fauna. Por eso es necesario castigar estas acciones de corrupción”, concluyó.

(Foto: Especial Portal)