Martha Romero 

Con 56 votos a favor de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), el Congreso Mexiquense aprobó la armonización de la Constitución estatal con la reforma judicial federal y así concluir la renovación del Poder Judicial estatal a través de la elección que se celebrará el primer domingo de junio de 2028.

Durante el análisis de la propuesta del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del grupo parlamentario de Morena, las bancadas de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron contra la iniciativa que armoniza la Constitución Política estatal con la reforma judicial federal.

La propuesta también establece la incorporación de una comisión coordinadora integrada por las personas representantes de los comités de evaluación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Detalla que esta comisión será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los comités.

La reforma conlleva habilitar un esquema de organización territorial de los comicios mediante regiones judiciales electorales y distritos judiciales electorales, redefinir los procedimientos para la sustitución de vacantes y una nueva integración de las boletas electorales judiciales. 

Explica que las boletas contarían con elementos que permitan identificar con claridad la especialidad jurisdiccional, el poder postulante, ya sea el Legislativo, Ejecutivo o Judicial y la condición de persona juzgadora en funciones. 

Además, las candidaturas se ubicarían en recuadros para que la ciudadanía señale su preferencia, debiendo elegir una sola candidatura por especialidad.

Las reformas planteadas fortalecen las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial para aplicar programas de capacitación y actualización permanente, para lo cual podría coordinarse con las instituciones de formación judicial.

Contempla que, por única ocasión, las magistraturas y personas juzgadoras que resulten electas en el 2028 ejercerán un periodo de ocho años, que concluirá en el 2036.

Además, los cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial estatal que no fueron objeto de renovación en la elección judicial de 2025, así como las vacantes correspondientes, se elegirán en las elecciones judiciales locales de 2028, de manera coincidente con la elección judicial federal.

Cabe señalar que, por tratarse de una reforma constitucional, el decreto será remitido a los 125 ayuntamientos para su aprobación, mismo que requiere ser avalado por la mayoría de los cabildos.

(Foto: Especial Portal)