Martha Romero

El Congreso Mexiquense, por unanimidad, aprobó reformas a diversos ordenamientos estatales en materia de ajustes al calendario electoral, austeridad del gasto público, paridad de género en la administración pública, garantizar espacios para las juventudes en la vida política, así como la prohibición del nepotismo electoral y la reelección consecutiva.

El decreto que conjunta las iniciativas de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), propone ajustes en el calendario electoral al adelantar su inicio de enero a septiembre, lo que responde a la armonización de la legislación estatal con las recientes reformas a la Constitución federal impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocidas como ‘Plan B’, cuya minuta aprobó el Congreso mexiquense el pasado 9 de abril.

El objeto es reducir privilegios, fortalecer la austeridad republicana, racionalizar el gasto público y mejorar la integración de los órganos de gobierno en los ámbitos legislativo y municipal, modificaciones que responden a una demanda social orientada a garantizar que el ejercicio del poder público se realice con responsabilidad, sin excesos y con un uso eficiente de los recursos públicos.

También propone prohibir la reelección inmediata de alcaldías, diputaciones, sindicaturas y regidurías, el nepotismo en cargos de elección popular, incluida la gubernatura, así como incorporar el principio de paridad de género para la elección de regidurías y sindicaturas municipales bajo el principio de mayoría relativa.

Establece, entre otros aspectos, límites claros al gasto de las legislaturas locales, redefine la integración de los ayuntamientos y refuerza el régimen de remuneraciones de las personas servidoras públicas, particularmente en lo relativo a la eliminación de beneficios indebidos o mecanismos que permitan evadir los límites constitucionales en materia salarial.

Asimismo, incorpora medidas orientadas a generar ahorros en el gasto público, los cuales deberán destinarse a fines socialmente productivos en beneficio directo de la población.

Redefine la integración de los ayuntamientos, estableciendo una sindicatura única y el número de regidurías que no deberá ser mayor a 15, medida que responde a la necesidad de evitar la sobrerrepresentación y el uso ineficiente de los recursos públicos, garantizando una representación democrática funcional y equilibrada.

Prevé que la nueva integración de los ayuntamientos y las disposiciones presupuestales surtan efectos a partir de los periodos subsecuentes, garantizando así certeza jurídica y continuidad en el ejercicio de las funciones públicas.

Los presidentes y presidentas municipales, regidores y regidoras, y personas síndicas de los ayuntamientos no podrán reelegirse para el mismo cargo en el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

Por último, contempla que ninguna persona servidora pública debe percibir una remuneración superior a la del titular del Ejecutivo Estatal, la incorporación efectiva de jóvenes en procesos político-electorales, para que, al menos, el tres por ciento de las candidaturas registradas sea para personas de entre 21 y 29 años en el caso de diputaciones locales, y de entre 18 y 29 años para integrantes de ayuntamientos.

(Foto: Especial Portal)