Martha Romero

Los integrantes de la comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobaron reformas que permitirán a los jueces asumir funciones de magistrados de manera temporal, además de establecer la figura de nulidad de juicio concluido para impugnar sentencias en casos de fraude procesal.

La iniciativa impulsada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Héctor Macedo García, busca armonizar la Constitución local con el Código Nacional de Procedimientos Penales para redefinir la estructura de los tribunales de alzada, incorporando su integración en salas colegiadas o en tribunales que podrán operar con uno o tres magistrados, además de personal técnico y administrativo.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la incorporación de una disposición que permitirá que jueces en funciones puedan asumir tareas propias de magistrados de manera temporal, medida que responde a la necesidad de evitar rezagos en la resolución de asuntos y garantizar que la justicia se imparta de forma pronta, especialmente en el periodo previo a la elección judicial que está prevista para el 2027.

El documento añade que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el tribunal de alzada es el órgano jurisdiccional, integrado por una o tres personas magistradas, encargadas de resolver los recursos de apelación, ya sean de competencia federal o de las entidades federativas.

También indica que estos órganos jurisdiccionales serán conformados por una persona secretaria de acuerdos, las personas secretarias proyectistas necesarias por cada magistrada o magistrado y de conformidad con lo que determine el Órgano de Administración Judicial, una persona secretaria proyectista para el trámite de los juicios de amparo, una o un oficial mayor, y las demás servidoras y servidores públicos que determine el Órgano de Administración Judicial.

Además, aprobaron la incorporación de la figura de nulidad de juicio concluido en el Código Civil del Estado de México, misma que permitirá impugnar sentencias firmes en casos donde se compruebe que hubo fraude procesal, colusión entre las partes o uso de pruebas falsas, con el fin de evitar que se consoliden injusticias, especialmente en temas patrimoniales.

Durante la discusión de la propuesta, el diputado Octavio Martínez Vargas, a nombre del grupo parlamentario de Morena, resaltó que no se busca crear nuevos cargos ni nombrar magistrados sin pasar por el voto ciudadano, además de que los jueces seguirán teniendo su mismo nivel, salario y responsabilidades, por lo que sólo desempeñarán funciones adicionales de forma transitoria para atender la carga de trabajo en los tribunales.

Mientras que la legisladora, Ruth Salinas Reyes, de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), resaltó que el uso del término “magistrado” propuesto puede generar confusión y abrir la puerta a interpretaciones que pueden contradecir el principio de que estos cargos deben ser electos, además de cuestionar la falta de claridad en los mecanismos a través de los que se designará a los jueces que asumirán estas funciones.

(Foto: Especial Portal)