Martha Romero

Aunque el marco jurídico del Estado de México ha implementado las contralorías como parte de los Sistemas Anticorrupción y con ello herramientas para investigar y sancionar posibles casos de corrupción en instancias del ejercicio del poder público, en muchos casos se han visto rebasadas por conflictos de interés y por la falta de profesionalización de quienes encabezan dichos espacios, aseveró el diputado Samuel Hernández Cruz, presidente del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría.

Durante la instalación del comité, añadió que a los diputados les corresponde trabajar en conjunto con los titulares de las instancias encargadas de auditar y vigilar el correcto actuar los servidores públicos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, con el fin de fortalecer el entramado jurídico que mida y en su caso, corrija la comisión de faltas de quienes asumen el ejercicio del poder público, en el caso de la Contraloría del Poder Legislativo a ediles, titulares de la administración municipal o legisladores. 

Hizo referencia a la noticia mundial que un servidor público del Gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fuera sentenciado el día de ayer a 38 años de prisión por una instancia judicial extranjera, 18 años después de asumir la responsabilidad de la seguridad pública del país.

“Ello, lamentablemente, comprueba el pacto de impunidad que existía entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Judicial durante los dos sexenios que transcurrieron, el de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto”, añadió.

 Hernández Cruz indicó que, debido a casos tan lamentables como este, el Gobierno de la Cuarta Transformación impulsó la reforma al Poder Judicial y el Estado de México procederá en la misma concurrencia que la federación, además de que no se puede perder de vista de que en un segundo momento también fortalecerán las instancias y mecanismos tanto de auditoría como de supervisión.

Lo anterior, dijo, con el fin de que desde el nivel municipal, así como los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las instancias se refuercen, se profesionalicen y se cierre el paso al ejercicio discrecional de los recursos y las atribuciones de las que son sujeto los servidores públicos.

Añadió que quienes integran este comité tienen la responsabilidad de supervisar el trabajo que realiza la Contraloría del Poder Legislativo, así como proponer auditorías adicionales a la que su plan anual considere, por lo que trabajarán en equipo para fortalecer las estrategias implementadas que han sido vastas y con las que ha incrementado su productividad.

Finalmente, dijo, con el cambio de administración de los 125 Ayuntamientos el próximo 1º de enero, es la oportunidad perfecta para fortalecer a las instancias municipales encargadas del combate a la corrupción, que son los primeros observadores de actos que pudieran ser considerados como faltas.

(Foto: Especial Portal)