Martha Romero 

Los contratos de arrendamiento de inmuebles para oficinas gubernamentales no pueden seguir siendo un negocio al amparo del erario, afirmó el diputado Octavio Martínez Vargas, quien presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México para combatir los sobreprecios, impedir la simulación de avalúos y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el legislador advirtió que durante administraciones anteriores el arrendamiento de inmuebles se convirtió en un mecanismo que permitió la celebración de contratos con costos excesivos, condiciones desventajosas para el Estado y compromisos que incluso rebasaron los periodos legales de gobierno.

Tras resaltar que Toluca tiene costos de arrendamiento de inmuebles más caros por la misma superficie a los que se encuentran en París, Miami o Nueva York, expuso que actualmente alrededor de 600 inmuebles son rentados por ayuntamientos, poderes públicos y organismos autónomos.

Como ejemplo, dijo, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) tiene un inmueble arrendado mediante un contrato por diez años con una renta mensual de 500 mil pesos, a pesar de que la legislación establece que ninguna autoridad debe comprometer este tipo de convenios más allá del periodo para el que fue electa o designada.

Martínez Vargas sostuvo que este tipo de prácticas responden a esquemas que favorecieron intereses particulares mediante sobreprecios y contratos que afectaron el patrimonio público, por lo que consideró indispensable fortalecer el marco jurídico para evitar su repetición.

Indicó que la iniciativa propone reformar la Ley de Contratación Pública estatal para ampliar las facultades de la Oficialía Mayor en la emisión de lineamientos para la contratación pública e incorporar nuevos criterios para evaluar el arrendamiento de inmuebles, considerando aspectos como eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y generación de ahorros para el sector público.

Añadió que también plantea desechar las propuestas sustentadas en avalúos simulados o técnicamente irregulares y dar vista a las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos administrativos y la aplicación de las sanciones correspondientes.

Mencionó que también incorpora nuevos impedimentos para contratar con el sector público a personas físicas o jurídicas que incurran en sobreprecios, simulación de avalúos o incumplan las condiciones de mantenimiento y seguridad de los inmuebles destinados a oficinas gubernamentales.

Finalmente, indicó que establece que el Poder Ejecutivo deberá adecuar la normatividad administrativa en un plazo no mayor a 120 días, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de las nuevas disposiciones.

(Foto: Especial Portal)