En un esfuerzo por fortalecer el sistema de justicia y garantizar que las penas sean proporcionales a los delitos cometidos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, impulsa una reforma clave al Código Penal estatal.

La iniciativa busca eliminar la prisión vitalicia y ajustar sanciones que han sido calificadas como desproporcionadas, evitando así que las sentencias sean revocadas por instancias judiciales superiores.

El ajuste responde a un análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha señalado inconsistencias en las penas impuestas en la entidad que se endurecieron para delitos como homicidio calificado, secuestro y extorsión, con gobiernos anteriores como Alfredo Del Mazo Maza y Eruviel Ávila Villegas, con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva, cosa que no se logró.

Presentada por la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM) en el Congreso local, la nueva reforma establece que las penas de prisión en el Estado de México oscilen entre tres meses y 70 años, eliminando la prisión vitalicia y ajustando las penas de delitos como extorsión, homicidio calificado y robo con resultado de muerte.

En el caso de la extorsión agravada, actualmente se sancionada con 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia, la nueva propuesta reduce la pena a un rango de 15 a 40 años, permitiendo que las sentencias sean proporcionales con el delito y se cumplan en prisión, evitando que sean revertidas en otras instancias y con ello que los delincuentes salgan

Con estas medidas, se detalló que se favorece al fortalecimiento del sistema judicial y a que se impulsen medidas de reinserción social más eficaces.

Uno de los puntos clave de esta reforma es que los delitos con penas máximas de 70 años sean considerados imprescriptibles, asegurando que los responsables enfrenten la justicia sin importar el tiempo transcurrido.

Con estas modificaciones, el Gobierno del Estado de México busca armonizar el Código Penal con los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, evitando que las sentencias sean revertidas y consolidando un sistema judicial más justo, confiable y eficiente.