Martha Romero

Cinco de las seis aspirantes a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) hicieron un llamando a que se respete y no se criminalice la manifestación de inconformidad de los alumnos, se privilegie el interés superior de la Universidad, que el Rector dialogue con los estudiantes y que la Comisión Especial Electoral resuelva las denuncias contra la que consideran la “aspirante del oficialismo”, para restaurar la legalidad y legitimidad del proceso.

En un comunicado conjunto firmado por Laura Elizabeth Benhumea González, María José Bernáldez Aguilar, María Dolores Durán García, Maricruz Moreno Zagal y María Patricia Zarza Delgado, externaron su preocupación por cómo se ha desarrollado el proceso de elección, señalado por los diferentes sectores de la comunidad universitaria, en especial por estudiantes organizados, como un proceso injusto, inequitativo y carente de garantías mínimas de transparencia e igualdad.

 Reconocieron en las expresiones del estudiantado una manifestación legítima de lo que piensan y sienten, pues su voz organizada representa una de las pocas expresiones auténticamente libres dentro de la comunidad, pues están diciendo en público lo que muchas y muchos no se atreven a expresar por temor a represalias. 

“Lo que hacen es necesario y valiente, alzan la voz donde otros han sido silenciados, y nos recuerdan que la Universidad sólo puede sostenerse si se construye desde la dignidad, el diálogo y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, resalta el documento. 

Por ello, exigen al Consejo Universitario, al Colegio de Directores y a la Comisión Especial Electoral el reconocimiento pleno de la legitimidad de toda forma de expresión, protesta y manifestación de inconformidad por parte de cualquier integrante de la comunidad universitaria, expresiones que deben ser respetadas, no minimizadas, ignoradas ni perseguidas.

 Además, que el Consejo Universitario exhorte al rector Carlos Eduardo Barrera Díaz a atender al estudiantado mediante una mesa pública de diálogo con carácter urgente y resolutivo, pues no puede seguir posponiéndose la atención directa a sus demandas, o en su caso, su renuncia inmediata. 

También piden el cese de inmediato cualquier intento de criminalización, intimidación o represalia contra quienes han ejercido su derecho a protestar, ya que esta práctica es inaceptable y contraria a los principios que deberían regir una institución pública y autónoma como lo es la UAEMex. 

Resaltar su compromiso firme con la legalidad, la ética, la transparencia y la defensa de los derechos humanos, como bases indispensables para la transformación de la vida universitaria.

Exigen al Consejo Universitario que, en uso de sus atribuciones, instruya de manera inmediata a la Comisión Especial Electoral para que establezca, defina e informe públicamente las acciones concretas que implementará para garantizar la transparencia, legalidad y equidad del proceso electoral en curso y de manera especial y suficiente la forma en cómo se llevará a efecto la auscultación cuantitativa. 

También que resuelva antes de la jornada electoral las impugnaciones formalmente presentadas por las firmantes, relativa a las evidentes y probadas violaciones cometidas por una aspirante a la legislación universitaria y a las bases del proceso, ya que la omisión de esta resolución comprometería gravemente la legitimidad del resultado.

Refirieron que hoy más que nunca, este proceso exige unidad, por lo que más allá de quién resulte electa como Rectora, como aspirantes coinciden en que la Universidad debe estar por encima de intereses individuales, por lo que se comprometen a trabajar juntas en la construcción de una nueva etapa Institucional, donde la legalidad, la dignidad y la participación plena sean pilares inquebrantables de la vida universitaria.

Manifestaron haber cumplido cabalmente con los términos establecidos en las bases del proceso, pero no todos los actores han observado con el mismo rigor las disposiciones previstas en la legislación universitaria y la falta de respuesta institucional ante los señalamientos formalmente presentados, ha contribuido a generar un clima de incertidumbre y desconfianza.

Finalmente, dijeron que es injusto que por la actuación de una persona que ha incurrido en reiteradas violaciones a la normatividad y ante la falta de respuestas de la Comisión Especial Electoral, se comprometa la legitimidad del proceso y se vulnere el principio de equidad entre las aspirantes, ya que omisión institucional no sólo genera desconfianza, sino coloca en desventaja a quienes han actuado con responsabilidad, respeto a la ley y apego a los principios universitarios.