Martha Romero

La falta de conexión de cámaras de videovigilancia de las unidades del transporte público con el C5 continúa siendo un obstáculo para el combate a la delincuencia, por lo que es imperativo que el Instituto del Transporte deje de ofrecer respuestas políticas resultados concretos para poner en marcha este sistema.

Señaló lo anterior Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en la entidad, quién lamentó que a pesar de han insistido durante meses en la necesidad de enlazar las cámaras, la respuesta oficial continúa limitándose a la instalación de mesas técnicas, sin avances que permitan fortalecer la seguridad de los usuarios y operadores.

Indicó que les han informado que los sistemas de monitoreo detectaron fallas técnicas en las que trabajan para implementar un nuevo programa de instalación de equipos para corregirlas, pero esta explicación es insuficiente frente a la problemática de inseguridad en el transporte público.

Recordó que la videovigilancia conectada al C5 ya demostró su eficacia en años anteriores, al facilitar la actuación de las corporaciones de seguridad y permitir una respuesta más rápida ante hechos delictivos, particularmente en la Zona 1 del Estado de México.

López Nava subrayó que la instalación de estos equipos de seguridad implican un costo económico considerable, así como una fuerte inversión de tiempo y horas de trabajo tanto por parte de los operadores como las empresas.

Reiteró que el sector transportista no está para recibir promesas sino para dar seguridad a los usuarios, por lo que el Instituto del Transporte debe asumir su responsabilidad con transparencia y eficacia para implementar acciones inmediatas para proteger a los usuarios.   

Cabe señalar que durante la reunión mensual de la Canapat, operadores del transporte público manifestaron que las fallas en los sistemas de videovigilancia han generado una percepción negativa entre la ciudadanía, que en algunos casos considera que los transportistas son cómplices de los delincuentes al no poder entregar las grabaciones tras un asalto.

Explicaron que, aunque las cámaras pertenecen al sistema del C5, las empresas no tienen acceso a los videos ni cuentan con mecanismos para extraer esa información, lo que dificulta colaborar con las investigaciones.

Señalaron que la falta de funcionamiento del kit de seguridad también representa un obstáculo para realizar trámites de prórroga, debido a que este equipo es un requisito para las unidades.

(Foto: Especial Portal)