Leonor Sánchez

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, celebró que se haya pospuesto la aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues, según él, como fue aprobada en comisiones del Senado, elimina la autonomía regulatoria y pone en riesgo derechos como la libertad de expresión.

La iniciativa privada, dijo, reconoce la necesidad de actualizar el marco legal del sector, promover la digitalización, ampliar la conectividad y simplificar procesos.

Sin embargo, la propuesta plantea riesgos sustanciales, elimina la autonomía del regulador, erosiona la certeza jurídica, contraviene compromisos del T-MEC y debilita la competencia al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo esquemas de subsidio, con asignaciones de espectro sin licitación ni contraprestación, y sin estar sujetas a un marco regulatorio equitativo. Esta asimetría vulnera el artículo 18.18 del T-MEC, relativo a las Empresas Propiedad del Estado, y genera un entorno desigual que atenta contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

El jueves 24 de abril de 2025, el Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, posteriormente el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara Alta, José Antonio Álvarez, confirmó que se pospone la discusión y aprobación en el Pleno.

Sobre ello, Sierra Álvarez puntualizó “esta pausa abre una ventana de oportunidad para revisar con profundidad una iniciativa que, en su redacción actual, compromete principios esenciales para el desarrollo del ecosistema digital, por eso reiteramos nuestro llamado a un diálogo abierto, técnico y con todos los sectores involucrados”

El líder empresarial señaló como “inquietante” la facultad de la nueva Agencia para ordenar el bloqueo de plataformas digitales sin intervención judicial previa.

Esta medida, contenida en el artículo 109, aseveró, vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso. La ausencia de salvaguardas claras abre la puerta a censura previa, genera incertidumbre jurídica y podría detonar controversias constitucionales e internacionales.

Asimismo, expuso, la ambigüedad en la definición de plataformas digitales propuesta en el artículo 3 “Amplía excesivamente las competencias regulatorias de la Agencia y contradice el principio de neutralidad tecnológica. Esta redacción imprecisa permitiría regular servicios de Internet que no forman parte de las telecomunicaciones tradicionales, generando fragmentación normativa y posibles violaciones a los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC”.

(Foto: Especial Portal)