Martha Romero 

La Canaco-Servytur en el Valle de Toluca no cuenta con estadísticas propias sobre el número de negocios agremiados afectados por extorsiones ni sobre los giros con mayor incidencia, reconoció Fernando Reyes Muñoz, presidente de la cámara. 

Justificó que es complicado dimensionar el problema, debido a que los casos deben ser denunciados directamente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Aunado a ello, dijo, la falta de denuncias formales continúa impidiendo conocer la verdadera dimensión de la extorsión que afecta a los establecimientos comerciales del Valle de Toluca.

Resaltó que muchos empresarios no denuncian por los largos tiempos de espera en el Ministerio Público, la percepción de recibir un trato inadecuado, el tiempo que implica realizar el procedimiento y la falta de resultados en algunos casos.

Consideró que estas circunstancias desincentivan la denuncia y favorecen la permanencia de la extorsión, por lo que es necesario mejorar los mecanismos de procuración de justicia, fortalecer la atención a las víctimas y fomentar una mayor participación ciudadana.

Reyes Muñoz enfatizó que la Ley General para Impedir, Investigar y Sancionar la Extorsión puede convertirse en un incentivo para que las víctimas denuncien sin poner en riesgo su seguridad.

"Si no lo hacemos, tampoco le damos herramientas a la autoridad", expresó Reyes Muñoz, al subrayar que la información proporcionada por las víctimas resulta indispensable para que las instituciones puedan dirigir con mayor eficacia sus acciones contra este delito.

Resaltó que promover la denuncia es fundamental para que las autoridades identifiquen las zonas con mayor incidencia, las modalidades del delito y los sectores económicos más afectados para diseñar estrategias más efectivas para combatir la extorsión.

Destacó que con la nueva legislación se facilitan los mecanismos de denuncia y reducen las condiciones que antes generaban temor entre las víctimas, como acudir de manera presencial a las instituciones, identificarse o proporcionar información que pudiera exponerlas a represalias.

Por último, afirmó que este cambio representa una oportunidad para romper el círculo de desconfianza que ha limitado durante años la actuación de las autoridades frente a este delito.

(Foto: Especial portal)