Martha Romero 

La voz del sector empresarial debe considerarse punto fundamental en el análisis y aprobación de la reducción de la jornada laboral para que sea un círculo de valor y mejora en calidad de vida de los trabajadores, pero al mismo tiempo impacte en la productividad y desarrollo del país, señaló Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem). 

Señaló que, con el arranque de al menos nueve foros de discusión en torno a esta iniciativa, será fundamental para garantizar su efectividad en el mediano y largo plazo, por lo que el sector seguirá insistiendo en tres condiciones básicas para su implementación: gradualidad, aplicación de manera sectorial y generación de incentivos que permitan que micro y pequeñas empresas puedan mantenerse competitivas ante el impacto económico que esta reforma implica.

Refirió que hasta el momento se han presentado al menos seis iniciativas distintas relacionadas con la reducción de la jornada laboral, por lo que es una reforma que no tiene marcha atrás; sin embargo, la manera de implementarla será determinante para que sus efectos sean positivos, lo que incluye hacerlo de manera escalonada y de acuerdo con las necesidades de cada sector.

Añadió que las industrias tienen requerimientos en tiempos, jornadas y entregas muy diferentes a los puestos administrativos, e incluso a las necesidades del sector gubernamental, por lo que se deben analizar casos particulares por ramas productivas y establecer periodos de prueba de acuerdo con condiciones que no pueden ser menores a 18 meses, por lo que su entrada en vigor podría ser incluso diferida.

Massud Martínez señaló que otro punto considerado es el riesgo de que un mayor número de personas pasen a la informalidad si no se cuenta con candados necesarios para que las empresas no tengan una carga social adicional o que la contratación de más trabajadores para cubrir los tiempos que quedan vacíos impacten de manera significativa sus finanzas.

Explicó que actualmente el tema de la informalidad laboral afecta a buena parte de la población desprotegida al carecer de seguridad social, posibilidad de jubilación e incluso accesos básicos al sistema de salud, pues, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a lo largo del último año la tasa se elevó hasta 54.6% de la población ocupada en puestos informales, lo que representa 32.8 millones de personas en el país.

Indicó que, aunque se ha presumido la generación de nuevas fuentes de empleo, y si bien en el pasado mes de noviembre se crearon 134 mil 609 empleos en el país, todos fueron informales, por lo que se deben prever las condiciones para que las empresas que aportan fiscalmente tengan capacidad de competitividad y desarrollo para mantenerse como aportantes permanentes a la economía nacional.

Finalmente, reconoció la apertura que se ha mostrado para escuchar a los diferentes actores de la población en la discusión de esta iniciativa de reforma, por lo que se espera que también haya sensibilidad desde el Legislativo para integrar las propuestas del sector económico en la última versión que será discutida en el Congreso y que eventualmente podría ser aplicada a partir del siguiente año.

(Foto: Especial Portal)