Leonor Sánchez

Según empresarios del Estado de México, la reforma propuesta por la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, que da facultades de construcción al Instituto del Fondo Nacional de las Viviendas para los trabajadores (Infonavit), con el propósito de garantizar viviendas accesibles, es “dictatorial”, pese a que las constructoras de iniciativa privada jamás se han preocupado por desarrollos habitacionales funcionales y a bajo costo para la mayoría de la ciudadanía.

Incertidumbre en el Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México ante la posible reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo cual permitiría, entre otras cosas, que el gobierno federal pueda utilizar hasta 2 billones de pesos del Fondo de Ahorro de los trabajadores.

La cúpula empresarial mexiquense liderada por Mauricio Massud Martínez demanda al Congreso de la Unión que escuchen al sector empresarial y a los trabajadores representados en los sindicatos para dar marcha atrás a una iniciativa que pone en riesgo la autonomía del Instituto, nulificaría la libertad del trabajador para utilizar esos recursos y crea incertidumbre en el sector patronal ante la falta de transparencia en el uso de los recursos.

“Con la iniciativa se estaría poniendo totalmente en manos del gobierno el recurso, para una decisión totalmente dictatorial por parte del gobierno”, afirmó la presidenta de ASECEM capítulo valle de Toluca, Cinthya Camarillo Herrera.

El sector empresarial consideró que el Infonavit ha dado buenos resultados durante 52 años; sin embargo, ahora se teme que esos recursos que no son gubernamentales pretenden que pasen a formar parte de las arcas gubernamentales.

“El resultado es este, poca certidumbre, es algo que el gobierno tiene que entender, que cualquier iniciativa debe socializarse, son 2.2 billones de pesos en el fondo del Infonavit y la repercusión pudiera ser catastrófica por la falta de transparencia y uso discrecional de los recursos”.  

Las reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo, señalaron los líderes empresariales, buscan regular la construcción de vivienda de bajo costo a través de una filial mercantil, que el organismo sea parte de los programas sociales gubernamentales y que en lugar de ser auditado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como hasta hoy se ha hecho, sea a través de un comité en el que participa el gobierno.

Massud Martínez señaló que el Infonavit es un instrumento financiero para la adquisición de vivienda, no para la construcción, y volverlo una constructora, sería un error. Incluso, dijo, “se tiene la experiencia del pasado cuando el Gobierno se ha vuelto empresario no ha sido positivo, lo cual genera mucha incertidumbre”.

Dado que la reforma contempla que el Infonavit construya casas y adquiera terrenos, el trabajador se vería limitado para decidir donde aplicar su recurso, pues, la oferta que pudiera ofrecer el Instituto de esa manera no se compara con la libertad que tiene en este momento.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Estado de México, Julián Niembro Rivera, señaló que actualmente la CNBV es quien revisa las inversiones del Infonavit, pero ahora la iniciativa señala a un comité “el gobierno no puede ser juez y parte”

Asimismo, los empresarios coincidieron en señalar que no sería lo mejor que el Infonavit pase a formar parte de los programas sociales, porque el beneficio al trabajador que paga su cuota se vería diluida, además de perjudicar a las próximas generaciones de trabajadores.

Los argumentos de los empresarios contrastan con la realidad, pues durante décadas, las construcciones desarrolladas por la iniciativa privada han tenido dos grandes imposibilidades para ser útiles: el alto costo y las ubicaciones intransitables donde las sitúan. Además de que se han generado créditos impagables, situación que busca revertir la propuesta del Ejecutivo Federal.

En 2021, sólo en Toluca, el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI) registró 11 mil 349 viviendas de interés social deshabitadas, concentradas en 6 fraccionamientos, por los motivos citados, lo que ha generado zonas inseguras y desorden de planificación urbana, hechos que nos son exclusivos de este punto, pues se han repetido durante años en diversas áreas del país desde que la iniciativa privada tuvo un papel preponderante bajo las políticas impulsadas desde el salinato, en 1988.

(Foto: redes)