Martha Romero 

La aprobación y eventual aplicación de la reforma para la reducción de la jornada laboral sin el esquema técnico y operativo necesario podría traer un impacto negativo del 6.7% en el Producto Interno Bruto (PIB), aseveró Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem). 

Añadió que un aumento inflacionario de hasta el 3.7%, adicional a temas como el pago excesivo de horas extras, el incremento en el gasto social y de prestaciones y la pérdida de competitividad del país, afectará a millones de trabajadores y las empresas en las que colaboran.

Señaló que aunque se tiene un deseo y objetivo firme de mejorar las condiciones de vida de la población, debe garantizarse que una medida de este tipo no ocasione cierre de unidades económicas y que los colaboradores lejos de mejorar su calidad de vida consigan un segundo empleo ante las limitadas condiciones que se tienen en materia económica y el incremento en el índice inflacionario.

Explico que se gesta la posibilidad de que pequeñas unidades económicas que actualmente laboran en la formalidad migren a esquemas informales para evitar la carga tributaria que esto representaría.

“Se trata de evaluar el contexto en el que México se encuentra, y los efectos positivos y negativos que esto podría traer, el que se haya implementado en otros países como Dinamarca o Finlandia no quiere decir que en México haya condiciones. El sector económico jamás estará en contra del bienestar de los colaboradores, pero si no se tienen las bases sólidas para hacerlo, esta reforma, podría causar más daños que beneficios”, aseveró. 

Por ello, Massud Martínez indicó que antes de implementar la reforma Concaem ha propuesto la aplicación diferenciada por sector, tamaño de empresa y entidad federativa; así como la gradualidad, iniciando por una hora y exentar a sectores como el de comercio y de servicios que dependen del flujo de consumidores y trato directo con el cliente, donde buena parte de los colaboradores dependen de ingresos por propina o comisiones más allá del salario base.

También, dijo, han propuesto que las horas triples no estén grabadas por el impuesto sobre la renta, que las prestaciones sociales sean deducibles al 100%, la implementación de una estrategia permanente de incremento de competitividad y el establecimiento de un modelo medible sobre sus resultados.

Señaló que es indispensable escuchar la voz de los trabajadores, que en muchos de los casos tienen condiciones específicas de acuerdo con el sector en el que colaboran y dejar de lado un discurso de confrontación entre las diferentes partes.

Refirió que en esta, como en otras reformas, el llamado principal es construir consenso porque la polarización y confrontación que se ha generado entre diversos grupos de la sociedad sólo ha logrado dividir y dañar, pues no son unos y otros, sino que el objetivo es común y de ahí se debe partir.

Señaló que el sector participará de manera permanente en los foros de análisis y discusión en la materia, pero se hace indispensable que sus propuestas sean integradas en la propuesta final.

Finalmente, dijo, adicionalmente se debe establecer como una constante que el Gobierno aporte para sortear los costos económico que traiga consigo esta reforma, pues al momento la totalidad de impacto económico de las reformas laborales que se han implementado ha sido absorbido por el sector empresarial.

Cabe destacar que la implementación paulatina y bajo consenso de los sectores empresarial, de trabajadores y gobierno se expuso desde el anuncio de esta medida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en beneficio de las y los empleados que se han visto envueltos en horarios extenuantes y mal retribuidos, lo que dio origen a los foros citados por Massud.