Los Derechos indígenas deben ser eje central de las políticas globales si se desea tener justicia, sostenibilidad y equidad mundial en el futuro, en especial en tiempos de crisis y transformación.

La Federación Indígena, Empresarial y Comunidades Locales de México (CIELOMex) considera que, en un mundo global, avanzar en la necesidad de respetar el trabajo de las empresas y garantizar al mismo tiempo la plena protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, exige cumplir medidas obligatorias y voluntarias, así como respetar una estricta política de rendición de cuentas a nivel internacional.

Lo anterior fue una de las conclusiones de CIELOMex, derivada de su participación en el 14° Foro sobre Empresas y Derechos Humanos, efectuado en el Palacio de Naciones Unidas de esta ciudad, mismo que reunió a gobiernos, empresas, sociedad civil y Pueblos Indígenas de todo el mundo, para abordar los desafíos de proteger los derechos humanos en un contexto de crisis global.

El organismo, que integra empresas indígenas de todas las regiones de nuestro país, manifestó que, aunque existen marcos internacionales como los Principios Rectores de la ONU, su efectiva aplicación sigue siendo limitada, especialmente en territorios indígenas.

Desde nuestra perspectiva, afirmó Cecilio Solís, presidente de CIELOmex, resulta evidente que las amenazas a los derechos individuales y colectivos persisten, especialmente frente a la expansión de proyectos mineros y energéticos.

Estas actividades, muchas veces impuestas sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), generan despojo territorial, degradación ambiental y criminalización de defensores indígenas.

La combinación de proyectos de “transición energética” con la expansión de combustibles fósiles evidencia, agregó, la contradicción entre la agenda climática global y la protección de comunidades y ecosistemas.

Cabe decir que este Foro también permitió visibilizar la necesidad de marcos obligatorios de debida diligencia en derechos humanos y mecanismos de reparación efectivos que integren la justicia indígena, reconozcan la participación plena de mujeres y jóvenes.

Las discusiones subrayaron que la implementación de los Principios Rectores no será creíble ni efectiva si no se centra en la protección de los derechos indígenas, especialmente el CLPI, y en el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades para decidir sobre el uso y aprovechamiento de sus territorios.

En este contexto, el Foro reforzó que los Pueblos Indígenas son actores estratégicos en la sostenibilidad global, guardianes de ecosistemas esenciales frente a la crisis climática.

Solís manifestó finalmente que la participación activa de los grupos indígenas, el respeto de su autodeterminación y la protección de sus derechos, no son sólo un imperativo legal y ético, sino una condición indispensable para cualquier transición justa, responsable y efectiva en el ámbito empresarial y ambiental.