Martha Romero

Johan Fernández, activista no binarie, aseveró que los discursos de odio y los transfeminicidios deben ser visibilizados como la violación a los derechos humanos que son, y ser catalogados como delitos dentro de la ley por incitar a la comisión de crímenes contra personas de la diversidad sexual.

Por ello, dijo, busca que a nivel estatal se conozca la Ley Ociel Baena, misma que propone adicionar el artículo 315 al Código Penal federal para tipificar el discurso de odio con el fin de prevenir y castigar los crímenes de odio en México, propuesta encaminada a ser ley para la inclusión, el respeto, la igualdad y la no discriminación de las personas de la diversidad sexual y de género. 

Expuso que la propuesta, que también buscará que sea ley a nivel estatal, define el tipo penal de incitación a la violencia a quien promueva públicamente la comisión de un delito, como apología de la violencia, para que se considere la hostilidad o cualquier tipo de violencia, incluso en redes sociales, como discurso de odio establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde se considera discurso de odio la discriminación, la violencia y la promoción de odio a través de mensajes o imágenes en redes sociales. 

Recordó a Jesús Ociel Baena Saucedo en el primer aniversario de su fallecimiento, quien fue magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, y durante su trayectoria luchó por los derechos políticos y sociales de las personas integrantes de las comunidades LGBTTTIAQ+, incluidas las no binaries.

Asimismo rememoró dos frases contundentes de Ociel Baena: “Rompamos nuestros propios techos de cristal” y “En derecho, lo que no está, no existe”, por lo que, tras su asesinato, diversos actores de la sociedad civil han exigido castigar los discursos de odio y catalogarlos como tal durante las investigaciones de crímenes. 

Cabe señalar que la propuesta de la Ley Ociel Baena fue presentada por la exdiputada Salma Luévano Luna en diciembre de 2022, sin embargo, permaneció congelada en comisiones y por ello está siendo promovida en los estados, propone una pena de entre 40 a 70 años de prisión a quien cometa un homicidio motivado por la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, raza, religión, discapacidad, etnia y nacionalidad.

(Foto: cortesía)