Martha Romero 

Las más de 50 colectivas y mujeres activistas autónomas e independientes del Estado de 

México que integran la Marea Verde hicieron un llamado a las diputadas, diputados y diputade para que sumen esfuerzos en un solo documento a escucharlas porque conocen la realidad de las mujeres y personas gestantes a quienes hasta el día de hoy se les sigue adeudando este derecho. 

A través de un comunicado, pidieron que los intereses particulares o de partido no sean la barrera que les impida llegar al consenso que están construyendo en favor de las mujeres y personas gestantes, en pleno siglo XXI, no es un tema de moral sino de salud.

El documento emitido por Marea Verde señala que el Estado de México es reconocido como la entidad federativa con mayor población del país, dónde el 51.4% de sus habitantes está conformado por mujeres y personas con capacidad gestante, sin embargo, durante años, las políticas públicas de salud y justicia reproductiva han permanecido estáticas para las más de 8 millones 353 mil 540 ciudadanas que lo habitan.

Resalta que la criminalización y el estigma que existe alrededor del derecho a decidir sobre la maternidad, cuerpo, salud y proyecto de vida, ha obligado a más de 72 mil mujeres a recurrir a los servicios de salud que se ofrecen en la Ciudad de México o en su defecto, a acudir a servicios de salud que no cumplen con estándares de calidad, accesibilidad, asequibilidad, igualdad y justicia de quienes deciden abortar, arriesgando muchas veces su salud, su libertad e incluso, su vida, cuando hay desinformación sobre el procedimiento. 

Esto, resaltaron, afecta a mujeres y personas gestantes que habitan principalmente en zonas rurales, la periferia y zonas del norte mexiquense, quienes tienen que desplazarse kilómetros lejos de su territorio, con dinero que muchas veces no sobra y con tiempo que escasea, evidenciando la desigualdad que hay para acceder a un aborto seguro.

Consideraron que la prohibición del aborto en el Estado de México que se rige por el actual 

Código Penal, es obsoleta, misógina, sexista y niega la existencia del aborto como una práctica común y en ocasiones necesaria.

A pesar de que existen excepciones planteadas en dicho Código, éstas resultan ambiguas e insuficientes, mismas que abonan a la estigmatización y desinformación, y doble moral, teniendo como ejemplo la atenuante de 

"ocultar la deshonra" de la mujer que aborta, que muchas veces sirven de pretextos para que el personal de salud niegue el derecho a las mujeres y personas con capacidad de gestar el acceder a un servicio de salud oportuno. 

Por ello, señalaron que el Estado de México debe garantizar el aborto como un servicio esencial de salud tal y como lo marca la Organización Mundial de la Salud y lo reconoce la Secretaria de Salud Federal como Lineamiento Técnico para la Atención de Aborto Seguro desde noviembre de 2022.

"Estamos seguras que los diversos esfuerzos por hacer de la despenalización del aborto una realidad conllevará a la creación de políticas públicas que garanticen mejores servicios de salud, por supuesto que velen por los derechos humanos de las mujeres y las infancias. De ahí que pedimos resarcir la deuda social que se tiene con las mexiquenses. Por la autonomía de nuestros cuerpos, por las infancias, porque sea ley", concluye el documento.

Cabe señalar que de la diputada Zaira Cedillo Silva, presidenta de la comisión Para la Igualdad de Género apenas el jueves pasado aseveró que en sesión deliberante de este día se presentaría la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México y despenalizar el aborto, con miras a aprobarse el 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", sin embargo, en la orden del día que contempla 25 puntos, no se contempla la propuesta que presentaría la Junta de Coordinación Política (Jucopo).