Martha Romero

 La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Myrna Araceli García Morón, informó que el 20% de los 125 municipios mexiquenses cuentan con las condiciones necesarias para operar la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, la cual privilegia el uso de medios alternos como la mediación, el trabajo comunitario y, como última opción, prevé el arresto en caso de sanción.

 Explicó que la ley busca regresar a la esencia de la construcción de la sociedad, que es la convivencia comunitaria a través del respeto y el orden, por lo que la Codhem hizo un ejercicio sistemático para revisar lo que ese ordenamiento establece para elaborar un diagnóstico y entregarlo a la Secretaría General de Gobierno, el cual ya fue concluido y precisa irregularidades que vulneran derechos humanos y otras, incluso, que podrían tratarse de la comisión de algún delito o de faltas administrativas.

 Dijo que las visitas de supervisión a los espacios de aseguramiento temporal en los municipios fueron para revisar tres áreas específicas: recursos humanos, infraestructura y procedimientos normativos, además aplicó cuestionarios a jueces calificadores, secretarios de ayuntamientos, policías y usuarios, para detectar detenciones arbitrarias y otras cuestiones al margen de la ley.

 García Morón agregó que con esta ley se busca mayor armonía y respeto a la dignidad de la ciudadanía, es decir, descriminaliza a los infractores administrativos al dar un sentido de convivencia, estableciendo parámetros para su operación, es decir, cada Juzgado Cívico debe contar al menos con seis personas servidoras públicas, como son una jueza o juez cívico, una secretaria o secretario, una persona facilitadora, una o un psicólogo, una persona médica y policías de custodia.

 Al considerar que esta nueva ley de Cultura Cívica tiende a la oralidad, dijo, en el apartado de los recursos señala que se debe contar con la infraestructura necesaria y contempla la sistematización con otras legislaciones que privilegien el respeto a la dignidad de las personas infractoras.

 "Por tanto, si el juez decide que debe aplicarse el arresto, este debe ser en condiciones decorosas, dignas, limpias y ordenadas, aunado a ello, prevé otros aspectos como el tema de los alimentos, agua y que las personas no pueden estar incomunicadas", explicó.

 Añadió que otro tema importante es la aplicación de la normativa y procedimientos para respetar el debido procedimiento, que las personas infractoras puedan ser escuchadas en esta nueva composición de la justicia con oralidad en el ámbito cívico y que se tenga un registro de ellas en un expediente.

 Por último, precisó que la ley ya entró en vigor y es de observancia general, por tanto, todas las autoridades municipales tendrían que estar interesadas en el tema para atender las áreas de oportunidad.

 Los municipios que cumplen con las condiciones establecidas por la Ley de Justicia Cívica son Tecámac, Chapultepec, San Mateo Atenco, Teoloyucan, Toluca, Xonacatlán, Acolman, San Antonio la Isla, Tultitlán, Tejupilco, Lerma, Atizapán de Zaragoza, Otumba, Aculco, Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco, Tlalnepantla, Huixquilucan, Xalatlaco, Almoloya del Río, Ecatzingo, Temoaya y Villa del Carbón.

(Foto: cortesía)