El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) aprobó la Política Estatal Anticorrupción (PEA), instrumento estratégico que define la agenda pública en materia de combate a la corrupción, que facilitará el funcionamiento del Sistema Anticorrupción en la entidad.
Redacción
Esto durante la Primera Sesión Extraordinaria de este Comité, en el que participaron el Presidente del mismo y del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib Montero; el Secretario de la Contraloría estatal (SECOGEM), Javier Vargas Zempoaltecatl; la Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), Miroslava Carrillo Martínez; la Comisionada Presidenta del Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), Zulema Martínez Sánchez; la Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Myrna García Morón; el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, José de la Luz Viñas Correa; y la Jueza Fabiola Catalina Aparicio Perales, Consejera Jurídica del Poder Judicial.
En esta sesión, se dio a conocer que la PEA, se integró a partir de cuatro estrategias metodológicas diseñadas para la recolección de información cualitativa y cuantitativa sobre corrupción; abiertas a la sociedad civil, académica y ciudadanía en general, con los Foros de consulta ciudadana, la Encuesta electrónica, los Grupos Focales y el Panel de expertos.
La PEA del Estado de México se compone de 5 ejes temáticos y 60 prioridades, alineadas a la Política Nacional Anticorrupción (PNA); destacando que, en atención al contexto mexiquense, se diseñó el eje Ética Pública e Integridad, que plantea estrategias para mejorar la formación y acción de los servidores públicos, y corresponsabilidad e integridad empresarial; promoviendo un trabajo colaborativo con las instancias administrativas.
La PEA, ofrece información, datos y evidencia mediante un diagnóstico del que se derivan prioridades que contribuirán a orientar la actuación de los integrantes del Sistema y de los entes públicos estatales y municipales que lo conforman, para fiscalizar y controlar recursos públicos que ayuden a prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.
Foto: Especial Portal
