Miguel García
Luego de la denuncia que hicieron comerciantes de pollo de Toluca, acusando a la secretaría de Seguridad estatal del retiro de sus elementos de protección, previo al secuestro de cuatro de sus trabajadores, los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), encargados de esta tarea, se lavaron las manos y evadieron la responsabilidad de estos hechos.
La instancia a cargo de la secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que reconoce que retiró la custodia de las bodegas de pollos que sufrían extorsión y cobro de derecho de piso porque simplemente: “no les habían pagado”.
Cómo se recodará, el pasado 22 de diciembre fueron secuestrados con lujo de violencia cuatro trabajadores de una bodega de distribución de pollo en la colonia Nueva Oxtotitlán, de Toluca.
“Es importante señalar que la mencionada incumplió con los términos fijados en el contrato de servicios”, se acusa en la información oficial.
La autoridad sostiene que Lizbeth Karina Contreras Salinas dejó de sufragar el pago de 6 mil 500 pesos quincenales, en los periodos del 16 al 30 de noviembre y del 1 al 15 de diciembre de 2023, por lo que según la norma, se defienden, no existe responsabilidad para algún servidor público.
Señalan que fue hasta el pasado 5 de enero cuando la comerciante de pollo pagó su adeudo, sin que hasta el momento haya solicitado la contratación de más guardias de seguridad por escrito.
En contraste, cuestionada sobre esta postura oficial por parte del Cusaem, Karina Contreras Salinas, encargada del comercio afectado por la delincuencia organizada, reiteró su postura y simplemente aseguró que tiene pruebas de sus acusaciones.
“Es totalmente falso (versión Cusaem) tengo todos mis comprobantes de pago, y en todo caso hubieran cancelado el servicio no dado de baja al elemento (.. ) mire yo tengo muchas evidencias de lo que dije, tengo cómo comprobar que todo lo que dije es cierto, están las demandas en curso, tengo mis comprobantes de pago”, declaró.
El lunes, las familias de los comerciantes de pollo secuestrados en Toluca, el pasado mes de diciembre, acusaron que prevalece la incertidumbre referente al paradero de las víctimas además de señalar a la Secretaría de Seguridad del retiro de los elementos de seguridad del Cusaem que tenían contratados para su protección esto cuatro días antes de sufrir el ataque de miembros de la Familia Michoacana.
(Foto: Miguel García)
