Por unanimidad, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobaron ajustes al sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas del Poder Judicial para armonizarlo con los más recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, impulsada por la Junta de Coordinación Política, se establece la premisa de que las sanciones administrativas para las y los servidores públicos se aplicarán por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y la vulneración de dichos principios ameritará procedimientos de responsabilidad administrativa.
La iniciativa, expuesta por autoridades del Poder Judicial, establece reglas para que las faltas administrativas se sancionen con amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación y de forma económica. Cuando dichos actos u omisiones sean graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. También favorece que las normas de acceso y permanencia en el Poder Judicial no sean discriminatorias ni contravengan el principio de reinserción social
Además, establecen la noción de la calidad de la o del servidor público y su obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses; se distingue entre faltas graves y no graves y sus sanciones; señala los supuestos y procedimientos aplicables para impugnar la clasificación de las faltas administrativas no graves; añade el principio de que no pueden imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Durante la reunión se destacó que la reforma responde a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de la LXI Legislatura y el Ejecutivo estatal por la aprobación y publicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, señalando temas como el derecho a la igualdad, no discriminación, de acceso a un cargo público, a la seguridad jurídica y a la libertad de trabajo, así como principio de legalidad.
La reforma impulsa una legislación acorde con los criterios de última generación de la SCJN y evita sentencias en contra del Estado de México y muestra que la entidad está pendiente de lo mandatado por la Suprema Corte y actúa con eficiencia interinstitucional.
(Foto: Especial Portal)
