Eric Rosas
El 13 de diciembre del 2022 el titular del Poder Ejecutivo Federal entregó ante la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic), elaborada por la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); misma que se unió a al menos otras cuatro propuestas que desde hace meses o incluso años han sido presentadas por las fracciones partidistas de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, asociaciones académicas, y colectivos de investigadores.
En esa misma fecha, el presidente de la Cámara Baja turnó el documento a las comisiones de Educación, y de Ciencia, Tecnología e Innovación para su dictamen; así como a las comisiones de Gobernación y Población, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión. Dada la trascendencia de estos temas para el futuro de México, en marzo pasado las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación, acordaron recabar amplia y detalladamente la opinión de la ciudadanía mexicana mediante la organización de al menos siete foros de parlamento abierto, de los cuales el primero fue realizado el 29 de marzo, mientras que el segundo tuvo lugar la semana pasada, el martes 11 de abril.
Es decir, a la fecha aún faltarían por realizarse un mínimo de cinco foros; sin embargo, debido a que el partido mayoritario en el Congreso de la Unión consideró en su agenda el dictaminar y aprobar la iniciativa del primer mandatario a más tardar el pasado 12 de abril, ha trascendido que sus legisladores intentarían dispensarle los trámites requeridos por la ley y llevarla a votación ante el pleno en cualquier momento, incumpliendo el acuerdo que signaron en las Comisiones Unidas. Dado el caso, se presume que la propuesta hecha a modo por la titular del CONACyT sería aprobada por la mayoría simple que acumulan los legisladores de la alianza oficialista sin cambiarle ni una sola coma, lo que representaría un grave riesgo para México y sus generaciones futuras, pues dicha propuesta coarta la libertad de investigación y el derecho humano a la ciencia, además de que restringe la inversión privada en el desarrollo tecnológico y desincentiva la innovación.
La presunción del eventual “madruguete” no sólo se sospecha con base en que esta forma de operación del partido oficial ha sido la constante durante lo que va de las dos últimas legislaturas, sino también debido a la filtración reciente de un supuesto anteproyecto de dictamen, que habría sido elaborado con antelación a la conclusión de los foros e incluso a la sesión que para tal motivo tendrían que sostener las Comisiones Unidas, pero lo más preocupante es que dicho anteproyecto de dictamen efectivamente aprobaría la iniciativa tal cual fue sometida por el primer mandatario; es decir, sin cambiarle una sola coma siquiera.
Entre la comunidad académica de México, existe una gran preocupación por lo anterior, ya que el instrumento que podría llegar a aprobarse responde solamente a las aspiraciones autoritarias y a las concepciones ideológicas de quien la redactó, y de ninguna forma procura mejores condiciones para el fomento de la investigación científica, el desarrollo de tecnología y el aumento de la cultura de la innovación en nuestro país. Tampoco promueve, ni mucho menos estimula, la unión de esfuerzos públicos y privados en torno a la inversión en ciencia y tecnología, lo que de hecho condena a México al subdesarrollo. Esperemos que los diputados oficialistas reflexionen acerca de lo anterior antes de consumar un eventual madruguete.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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