Eric Rosas
¡Se acabó!
En anteriores entregas de “La Onda Plana” ya he platicado el contexto en el que surgió el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, por lo que aquí lo resumiré en dos frases concretas: primero, una inflación rampante en México que superaba ya los dos dígitos y causaba con ello una pérdida sustancial del poder adquisitivo; incentivando, entre muchos otros problemas, la fuga incontenible de cerebros y, segundo, un gobierno federal de ese entonces que, en lugar solucionar el problema de fondo mediante el incremento real de los salarios de los científicos del país, aprovechó esta oportunidad para impulsar un mecanismo clientelar hacia adentro del sector académico, a través del otorgamiento de un estímulo económico que acompañaría a la distinción meritocrática que definía la razón de ser del SNI.
Además de generar una dinámica pervertida de origen, esta beca no forma parte del sueldo integral de quienes la reciben y, por lo tanto, tal beneficio no se contabiliza para el pago de las aportaciones de seguridad social ni del ahorro para el retiro de los trabajadores. Sin embargo, con el avance de la carrera profesional de un investigador, el estímulo académico del SNI sí llega a representar una fracción considerable de su ingreso, por lo que la pérdida de tal beneficio al momento del retiro suele ser algo que muchos retrasan mediante la permanencia activa hasta edades demasiado avanzadas y, naturalmente, menos productivas. En otros países, por ejemplo, los académicos son obligados a retirarse a la edad establecida por la ley, para con ello liberar las plazas que puedan ser ocupadas por las nuevas generaciones. Esto no sólo mejora la productividad de los centros de investigación e instituciones de educación superior, sino que también permite que se actualicen más frecuentemente los campos y líneas de investigación que se atienden.
Ahora que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México ha erosionado casi por completo el prestigio que otorgaba el SNI tras la modificación sistemática de los criterios de ingreso y permanencia plasmados en el reglamento; la eliminación de aquellas áreas del conocimiento que le resultan incómodas; la inclusión de medidas flagrantemente discriminatorias, como la prohibición de que científicos de instituciones privadas reciban la beca; o el respaldo a prácticas anti-éticas, como el plagio evidenciado en un número cada vez más creciente de miembros del SNI que colaboran como funcionarios públicos con la administración federal presente; es quizá el momento de que la comunidad académica de México asuma con valentía su responsabilidad para dejar atrás este mecanismo que, luego de cuatro décadas, y aunque en el 2024 pudiera cambiar el partido gobernante, ha agotado su eficacia para estimular la realización de ciencia de frontera, el desarrollo de tecnología propia y el fomento de la cultura innovadora en la planta productiva.
En estos cuarenta años las condiciones salariales de los científicos de México tampoco han mejorado sustancialmente y esto, junto con la reducción en el número de becas de posgrado; la cancelación de programas de repatriación; la suspensión en la apertura de nuevas plazas laborales; y el fantasma de la estanflación, que sentimos cada día más cerca con los altos niveles de inflación de los trimestres más recientes, ha reavivado la fuga de cerebros, principalmente entre los estudiantes de posgrado e investigadores jóvenes. Por eso resultaría muy oportuno y responsable que el sector académico elaborara una propuesta moderna en materia salarial, cuya implementación pudiera ser demandada a quien dirija México a partir del 2024.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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