Martha Romero
Para que cualquier feminicidio sea investigado con perspectiva de género en el Estado de México y se obligue a sancionar las omisiones de servidores públicos y reparar el daño causado en estos crímenes, como mandó la SCJN al Gobierno del Estado de México por la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, la comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición propuso reformas para que estos parámetros se apliquen por ley en esos casos.
De acuerdo con el documento, el pasado 8 de octubre de 2023 la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo recibió de la activista Irinea Buendía Cortez la propuesta de Ley Mariana Lima Buendía, cuyo objetivo es elevar a rango de Ley los parámetros establecidos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el 25 de marzo de 2015, sobre el feminicidio de Mariana Lima Buendía, hija de la presentante.
La propuesta que propone reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos del Estado de México, indica que la sentencia de la SCJN permitió por primera vez en la historia de la justicia mexicana que un caso jurídicamente archivado y resuelto como “suicidio” se reabriera para que fuera analizado con perspectiva de género, que permitió acreditar que en realidad había sido un feminicidio, lo que abrió la posibilidad del acceso a la verdad, la justicia y las reparaciones para la víctima y sus familiares.
Resalta que la sentencia tiene tres efectos aplicables no sólo al caso de Mariana Lima Buendía, sino en todos los casos de muertes violentas de mujeres ocurridos en el país, por lo que se deben investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas para acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes, en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República Mexicana.
También se sancionarán a servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, falencias, negligencias, obstruyen la investigación y la justicia, además de reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas progresivas, específicas para modificar, patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia.
Señala que la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional porque datos estadísticos oficiales arrojan que en 13 años se han acumulado 165 mil 798 muertes violentas de mujeres en México, aunado a que sólo el 20% de los asesinatos de mujeres son investigados como feminicidios y el resto como homicidios dolosos, además de que hace 10 años se decía que eran “crímenes pasionales” y hoy se responsabiliza a la delincuencia organizada para no investigar los feminicidios.
Una de las innovaciones de esta propuesta es crear en el Código Penal estatal un nuevo supuesto del delito cometido por los servidores públicos contra la administración de justicia, que es la “negación de la justicia por razones de género”.
Mientras que en las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México se propone agregar como competencia del Poder Judicial local, investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes.
(Foto: Especial Portal)
