Martha Romero
Al grito de “Democracia si; demagogia no”, “El país se desmorona, el presidente nos traiciona” y “Para qué tanto gasto con gobierno tan nefasto”, algunos ciudadanos y políticos, como Paola Jiménez, convocados por organizaciones civiles del Valle de Toluca, marcharon por las principales calles de la capital del estado para manifestar rechazo a las reformas propuestas por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, bajo la consigna “por el bien de todos, primero los pobres”.
Reunidos en la Glorieta del Águila, vestidos de blanco y rosa, poco más de mil personas, de los 17 millones de habitantes del Estado de México, avanzó por Paseo Colón, Francisco Murguía y Nicolás Bravo, para llegar finalmente a la Plaza de los Mártires en el centro de la capital mexiquense.
Misael Romero Lagunas, del Colectivo ‘Somos Toluca Libre’, indicó que Toluca se sumó a la marcha que se realizó este día en 100 ciudades del país para exigir al gobierno federal que deje de intervenir en las elecciones presidenciales, estatales y municipales, pues es regresar al sistema arcaico de los 80’s en el que el gobierno federal en turno empezaba a manipular y a controlar con encuestas que al final resultan ser falsas.
Tras exigir respeto a las instituciones autónomas como el INE, el INAI y el Poder Judicial de la Federación, resaltó que está marcha no está relacionada con ningún instituto político porque no es de su interés hacer proselitismo por ningún partido, pues lo único que los ha reunido es la bandera de México, así como exigir que se sigan respetando las libertades y las reglas democráticas.
“Basta de la injerencia del gobierno en las elecciones, rompiendo reglas democráticas, abusando del poder, queriendo corromper y violentar a instituciones que ponen límites al poder público y al capricho del gobernante. Y si, que se oiga hasta Palacio Nacional, claro que la ley es la ley y ningún mexicano por encima de ella”, añadió.
Romero Lagunas aseveró que el Poder Judicial de la Federación no será servidor particular del gobierno federal, pues el mismo Morelos se declaró sirviente de la nación, y sirvientes de la nación son los jueces, magistrados y ministros que han defendido, según él, las libertades y derechos de los hombres, así como los principios fundamentales que sostienen a México.
Casi al final del contingente, se pudo observar a la diputada local, Paola Jiménez Hernández, quién resaltó que su participación en la marcha era cien por ciento ciudadana y en su derecho libre de ciudadanía, de ejercerlo y de marchar, como lo ha hecho en muchas ocasiones para defender los temas de las minorías y de quienes ven sus derechos rezagados, pues su convicción es que los derechos son para todas las personas, además de defender las instituciones.
La marcha a nivel nacional fue convocada por organizaciones afines a Claudio X González como el llamado Frente Cívico Nacional, quienes se han reunido en diferentes ocasiones con miembros de la coalición opositora PRI-PAN-PRD como Gustavo Madero (PAN), Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), entre otros, pidiendo abiertamente un candidato común de dicha alianza para frenar el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, en la Ciudad de México, el orador único de este llamado en casi 90 ciudades del país fue Lorenzo Córdova Vianello, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, famoso por negarse a acatar la ley de austeridad republicana mientras ostentaba el cargo para conservar los lujos y prestaciones desproporcionadas que ascendían a un sueldo de casi 220 mil pesos mensuales. Esta vez asistió al llamado en calidad de ciudadano “neutral”, tras dejar el cargo el año pasado.
Cabe resaltar que las reformas propuestas por el ejecutivo federal manifiestan la reducción de dinero a partidos políticos, la reducción de la burocracia en el INE; la desaparición de órganos autónomos como el INAI, COFECE, entre otras con el propósito de engrosar el presupuesto público destinado a los programas sociales que también plantea como derechos constitucionales a todos los mexicanos para impedir que se usen como bandera política, pues, de aprobarse, las pensiones a adultos mayores, personas con discapacidad, becas a estudiantes de escuelas públicas de todos los niveles y capacitación pagada a jóvenes para incorporarse al empleo formal serán obligación del gobierno federal sin importar qué partido llegue al poder.
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