Leobardo Hernández
Ante la exposición del sueldo de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior del Estado de México, quien percibe 292 mil 795.62 pesos brutos al mes, en conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dicho salario va en contraposición al principio de austeridad; no obstante, admitió que está en manos de los gobiernos estatales homologar la reforma federal que impediría estos lujos ofensivos para el grueso de los mexicanos.
Al reconocer la autonomía de las entidades federativas, el tabasqueño expresó que “la reforma que estamos impulsando ahora es considerar la austeridad como un asunto de estado. Si esto se logra, pues aplica en todos los estados, y nadie podrá ganar más que lo que gana el presidente de la república, y se tienen que ajustar las constituciones, las leyes al mandato de la ley de leyes, al mandato de la ley de leyes, que es la constitución de la república”.
La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador plantea que ningún funcionario del gobierno federal o de órganos autónomos perciba un sueldo al que actualmente ostenta, éste asciende a 129 mil 432 pesos, de acuerdo con el paquete fiscal emitido por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
La Ley de Austeridad Republicana se ha enfrentado con varias trabas desde su publicación, incluyendo la declaración de inconstitucionalidad en febrero de 2022, por parte del juez Abel Méndez Corona, quien postulaba que el impedimento para que un funcionario de gobierno ocupara un cargo en alguna empresa particular tuviera un plazo de 10 años, aspecto que el juzgador consideró una violación al derecho a un trabajo digno.
Cabe destacar que dicho candado, explicó el presidente López Obrador en su momento, obedecía a que ex presidentes como el panista Felipe Calderón y el priista Ernesto Zedillo, tras dejar el poder, se emplearon en empresas que favorecieron durante su mandato con la privatización de la industria eléctrica, en el caso de Calderón, y la privatización de las vías férreas, en el caso de Zedillo.
(Foto: presidencia)
