Gabriela Landetta
Para el año 2050 habrá 24.4 millones de adultos mayores en el país, de los cuales más de 3 millones pertenecerán al Estado de México, que será entonces la entidad con la mayor cantidad de habitantes mayores de 60 años, seguido por la Ciudad de México con 2.4 millones, y por Veracruz y Jalisco con 1.7 millones cada una de esos estados. Además, se prevé que un millón 874 mil mexiquenses que sean parte de ese grupo de edad presentarán alguna enfermedad crónica-degenerativa.
Así lo revela el estudio ‘Administración de riesgos públicos para la población adulta mayor’, elaborado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), con el propósito de fortalecer la protección social para la futura población de adultos mayores, así como contribuir a delinear la magnitud de las vulnerabilidades que enfrenta ese sector.
“De persistir los factores que hoy en día inciden en la población adulta mayor, se anticipa que en el año 2050 habrá [en el país] más de 10 millones de personas de 65 años y más en condición de pobreza; que el 55 por ciento de esas personas padezcan las consecuencias de enfermedades crónico-degenerativas, y que el 57 por ciento de ellos cuenten con una vivienda propia como quizás su único patrimonio. Más aún, habrá 6.3 millones de personas sin una pensión, y muchos más sin una [pensión] suficiente”.
En ese contexto, el análisis refiere que el aumento o disminución de la vulnerabilidad de la población adulta mayor futura será resultado de las acciones de gestión de riesgos públicos que se realicen en la actualidad. “Se estima que una persona nacida en o después de 1985 tiene un 41.1 por ciento de probabilidad de vivir en condición de pobreza como adulto mayor; su esperanza de vida, una vez alcanzados los 65 años, será de entre 17 y 19 años”.
Además pertenecerá al 64 por ciento de la población adulta mayor de estrato socioeconómico bajo o medio-bajo que requiere seguir trabajando para subsistir; tendrá que contribuir al ingreso del hogar donde vive o mantenerlo del todo “con una probabilidad del 37.7 por ciento, y pertenecerá al 57.1 por ciento que son dueños de su vivienda, y dentro de este grupo, tendrá un 57.4 por ciento de probabilidad de que su vivienda esté altamente expuesta a daños por la ocurrencia de desastres naturales”.
Lo anterior será consecuencia de haberse desempeñado la mayor parte de la vida laboral en el sector informal y, por ello, haber generado una baja densidad de cotización en el sistema de pensiones, aunado al hecho de no haber tenido una cultura y disciplina de ahorro previsional que le proteja adecuadamente en el futuro, según destaca el reporte.
Es por ello que se considera necesario identificar desde ahora “las futuras vulnerabilidades de la población adulta mayor en nuestro país, sus causas y consecuencias, para cumplir con las metas de bienestar actuales y futuras que debemos plantearnos como sociedad. Sin duda, el bienestar de la población adulta mayor es una tarea esencial de la política social del Estado.”
Al respecto, el estudio elaborado por AMIS y AMAFORE destaca que la aplicación por décadas de políticas públicas orientadas a elevar el bienestar social, ha permitido un aumento constante en la esperanza de vida. Sin embargo, para asegurar una red de protección social suficiente para toda la población se necesitará la contribución de la sociedad en lo general, y del sector privado en lo particular.
“Si bien hoy tenemos la certeza de que nuestra sociedad envejece y vive más años, también es cierto que desconocemos cuál será el escenario que enfrentará este grupo poblacional, y si contará con las herramientas adecuadas para mantener o alcanzar el nivel de bienestar deseado (…) el creciente deterioro de la salud de la población adulta mayor, las altas tasas de empleo informal en este grupo, y la carencia o insuficiencia de una pensión digna, son todas preocupaciones sociales ampliamente estudiadas y documentadas que caen de manera directa en la esfera de los riesgos públicos”.
La investigación destaca que, sin duda, el envejecimiento acelerado de la población, y las características socioeconómicas que inciden en la población adulta mayor, conforman uno de los principales riesgos públicos que se enfrentan en el país y que plantean un enorme reto en términos de asegurar condiciones de bienestar mínimas de manera sostenida.
“Los bajos niveles de ahorro para el retiro, la elevada informalidad laboral y los crecientes problemas de salud, son todos factores que provocan grandes inequidades sociales que solo pueden magnificarse de no identificar, prevenir, mitigar y/o compensar sus efectos sobre las metas de bienestar social”, señala entre otros aspectos.
(Foto: Gabriela Landetta)
