Martha Romero
Sanciones de tres a seis años de prisión a quien intervenga, robe, copie, altere, distribuya, compre o venda datos, imágenes, audios o videos de las tecnologías de la información y telecomunicaciones o cualquier espacio digital, sin el consentimiento de la víctima y con el fin de causarle daño o ejercer cualquier tipo de violencia, propuso el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La propuesta de reforma al Código Penal, la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas del Estado de México, de la autoría de la diputada Viridiana Fuentes Cruz, es con el fin de castigar la violencia digital y la ciber violencia política de género.
Las penas aumentarán hasta el doble, es decir, hasta 12 años de cárcel cuando la víctima sea menor de edad, mujer y no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que no pueda resistirlo, pero que afecte su dignidad y, en caso de que en esta conducta sea realizada por un partido político, precandidato, candidato, servidor público o medio de comunicación, se incrementará la sanción.
De acuerdo con la iniciativa, la ciber violencia política será entendida como la violencia en contra de las mujeres en el espacio digital mediante internet, redes sociales, tecnologías digitales, tecnologías de la información y la comunicación (TICs), inteligencia artificial y sistemas, redes o empresas de telecomunicaciones.
Explica que ésta ejerce intervención, hackeo, espionaje, persecución, amenazas, ciberacoso, robar, copiar, transmitir o destruir datos personales, alterar datos electrónicos, suplantación de identidad, actividad ilícita de empresas o personas contratadas mediante perfiles y cuentas de redes sociales, terror psicológico digital y ciber violencia psico-familiar, que produce efectos en la familia, hijos, cónyuges y padres, de forma que su entorno se vuelve inestable.
Plantea que el Estado y los municipios deberán establecer mecanismos para prevenirla y combatirla, además de instrumentar programas de atención especializada y gratuita, legal, psicológica y asesoría de atención digital.
También propone impulsar un plan de ciberseguridad con perspectiva de género para las mujeres víctimas, en congruencia con la estrategia estatal de ciberseguridad establecida por la policía cibernética, además de que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) deberá crear el Índice de Ciber Violencia Política de Género.
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