Martha Romero
De seis meses a un año de prisión a quien emita, oferte, tramite, gestione, fabrique o altere por cualquier medio documentos o accesorios para la circulación vehicular como son la licencia de conducir o las placas vehiculares, propuso el diputado Jesús Isidro Moreno Mercado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La propuesta señala que solo el 10 por ciento de los automovilistas en el Estado de México cuentan con licencia de manejo, es decir, 700 mil licencias vigentes, aunque hay un registro de más de ocho millones y medio de vehículos motorizados, de los que 6.3 millones son automóviles y 700 mil motocicletas, situación que aprovechan particulares sin escrúpulos que ofrecen este documento en menos tiempo, a bajos costos y con una mayor vigencia mediante la acreditación de información mínima.
Explica que este tipo de documentos resultan, en la mayoría de los casos, en la entrega de documentos falsos, especialmente los relativos a las licencias y permisos para conducir que se ofertan presuntamente del Estado de Guerrero, los cuales se ofrecen por alrededor de 800 pesos con una vigencia de cinco años, es decir que una de estas licencias cuesta la mitad y su vigencia excede en un año a la autorización que se podría obtener en la entidad.
Sin embargo, estas conductas afectan a la hacienda estatal y facilitan la delincuencia organizada y el fraude, por lo que la propuesta de reformar el Código Penal del Estado de México buscan que la sanción abarque la expedición ilegal de calcomanías, permisos provisionales de circulación, permisos provisionales para conducir vehículos automotores y tarjetas de circulación.
En general, cualquier elemento de identificación vehicular y el trámite relacionado con el control vehicular tanto de personas conductoras de la entidad como de otras entidades federativas en territorio nacional.
Resalta que son producto de una actividad ilícita o simulada, cuando no sean servicios prestados por y en las instalaciones de las autoridades estatales competentes y por quienes éstas autoricen, además de que cuando existan indicios fundados o certeza de que no se tramitaron ante la autoridad competente y representan la comisión de algún delito al no acreditar su legítima procedencia.
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