Martha Romero
Con el fin de que tanto las autoridades estatales como municipales fomenten la igualdad y no discrimen a las personas por sus condiciones de salud física y mental, así como por VIH/sida, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) propuso reformar la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México.
La propuesta del coordinador de la bancada, el diputado Sergio García Sosa, señala que en la incidencia acumulada de casos de VIH y sida por entidad federativa de 1993 al 2022, el Estado de México se encuentra a la mitad de la media nacional, con poco más de 350 casos por cada 100 mil habitantes, por lo que busca que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos, brindar un trato respetuoso, integral y cordial, así como garantizar su derecho a la salud, libre de estigmas y discriminación.
Indica que, a pesar de estos indicadores, la epidemia se encuentra en una fase de estabilización y con tendencias alentadoras; advierte que, aunque hay avances en la materia, es importante reconocer y dimensionar que en esta compleja problemática hace falta mucho camino por recorrer y grandes retos por cumplir.
Refirió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado categóricamente que el VIH/sida es un problema de salud pública en el país, además de que siguen prevaleciendo estigmas, prejuicios y prácticas discriminatorias hacia las personas que viven con este padecimiento, sobre todo de quienes deben tener un trato cordial y respetuoso hacia la sociedad, en todas las esferas sociales y públicas.
Si bien la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México es consecuente con el principio constitucional del artículo 1º de la Carta Magna federal en el sentido de prohibir cualquier acción que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, no atiende en su totalidad a los grupos vulnerables y que tienen deficiencias en su estado de salud.
Resalta que las personas que viven con situaciones de salud como enfermedades terminales y VIH/sida son grupos vulnerables, por lo que es necesario incluir en la ley medidas que fomenten la igualdad y la no discriminación para que el acceso a la salud, como derecho fundamental, tenga mayores garantías y sea una realidad.
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