Lourdes Landetta
“Tenemos que ponerle un alto también al populismo penal que considera que incrementando las penas el problema de la inseguridad se va a resolver, cuando lo que tenemos que hacer es lo que dice el presidente López Obrador de atacar el primer principio que genera toda esta vorágine, y también, ¿por qué no?, discutir lo que el propio presidente plantea, de que el poder judicial pueda tener una renovación a nivel federal y en los estados”, aseveró el diputado morenista, Max Correa Hernández, durante el Foro ‘Discusión Estatal de Justicia para los Pueblos del Estado de México’.
Al exponer la problemática y ofrecer alternativas sobre este tema, el líder social dijo que por décadas el Estado de México ha venido acumulando una deuda con la sociedad mexiquense “porque el sistema de procuración e impartición de justicia no es un sistema perfecto, es un sistema conformado por instituciones integrado por mujeres y hombres que tampoco son perfectos, que tienen errores, que tienen omisiones”, manifestó.
A su vez, en el Estado de México se generó una crisis en materia de derechos humanos y de justicia, “así lo interpretamos desde la legislatura pasada. Cada día llegaban a las oficinas de las diputadas y diputados diversos ciudadanos que nos planteaban casos de injusticia donde se había fabricado un delito, donde se decía que había una injusticia, porque esos delitos no se habían cometido, pero esas personas estaban privadas de su libertad, lo que se fue repitiendo una y otra vez, expresión también de organizaciones defensoras de derechos humanos como Zeferino Ladrillero y otras organizaciones que también alzaron la voz”.
Es entonces, dijo, que ante esta crisis de carácter nacional por la inseguridad, por la violencia no sólo en el Estado de México sino a nivel nacional, que Andrés Manuel López Obrador durante su campaña política en ese entonces ofreció la posibilidad de otorgar amnistía a los injustamente presos, “y creo que desde que se aprobó la ley de amnistía a nivel federal, tuvimos la posibilidad de replicar esa iniciativa a nivel estatal y construirla de manera abierta con una participación plural, una ley que pudo considerar delitos del fuero común y delitos de alto impacto”.
En este contexto, Correa Hernández señaló que ello ha derivado en más de 3 mil personas liberadas. “Muchos de ellos sí cometieron el delito, un robo simple sin violencia, y todavía siguen muchos injustamente presos que no cometieron el delito y esa es parte de la deuda que se tiene, que se les pueda beneficiar con la amnistía”.
Confía que en esta etapa de diálogo la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y con la voluntad del Poder Judicial, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de todas las instituciones, incluidas la Fiscalía de la entidad, el Poder Legislativo y la Secretaría de Seguridad, se pueda construir un espacio para que muchos de los injustamente presos puedan obtener su libertad próximamente.
Destacó como fundamental la participación y la organización de la sociedad: “debemos alzar la voz y que nos organicemos; creo que es muy loable y respetable la determinación firme y digna que ustedes han tenido de reivindicar a sus familiares, de exigir que se haga justicia de manera legal”, concluyó.
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