Gabriela Landetta
“Reiteramos nuestro enérgico llamado al [presidente municipal] Juan Maccise para que de manera inmediata suspenda la operación de estos dispositivos [parquímetros virtuales] que laceran la gobernabilidad de la capital de uno de los estados más importantes de la República Mexicana”, manifestó Alejandro Fernández Ciprés, en conferencia de prensa.
Esto, a nombre del colectivo integrado por vecinos de las colonias Universidad, Francisco Murguia, El Ranchito, Cuauhtémoc, Las Américas, Altamirano, 5 de Mayo, Santa Clara, San Sebastián, Centro, Morelos, La Merced y San Bernardino, que desde hace más de un año se organizaron para demostrar la ilegalidad de esa acción del ayuntamiento de Toluca, puesta en marcha durante la administración que encabezó el hoy prófugo de la justicia, Raymundo Martínez Carbajal.
“Al mismo tiempo, pedimos que se analice el actuar de los servidores públicos involucrados en la implementación de esta política y en su caso se destituya de función a quienes claramente preponderaron el interés de un particular en detrimento y daño del interés público”, agregó el vocero de los ciudadanos’.
En ese contexto, Fernández Ciprés manifestó la importancia de que se dé a conocer públicamente el contrato que firmó el gobierno municipal con la empresa operadora de los parquímetros virtuales, ya que dijo: “no podemos seguir sometidos a la aplicación ilegal de dispositivos contratados por quien hoy se encuentra prófugo de la justicia y que en su momento se negó a escucharnos como ciudadanos”.
Asimismo, afirmó que no es posible continuar sometidos “a la aplicación de una política pública, cuya contratación se encuentra bajo observación de la auditoría realizada por el OSFEM [Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México]; no podemos seguir sometidos a una política que no fue estudiada, concertada con la ciudadanía, ni mucho menos acordada en Cabildo”.
Alejandro Fernández entregó el documento con esas declaraciones al décimo regidor de Toluca, Mario Hernández Cardoso, presente en la rueda de prensa, con la finalidad de que él dé a conocer ese documento en la siguiente sesión del Cabildo de Toluca y ante el nuevo alcalde, Juan Maccise Naime, al considerar que “sólo se requiere de voluntad política y sentido común” para poner fin a los parquímetros virtuales.
Por su parte, el abogado del colectivo ciudadano, Miguel Ángel García Hernández, manifestó que el presidente municipal suplente no debe seguir cargando un lastre jurídico que dejó la administración anterior que actuó al margen de la ley “y que no atendía el tema de la legalidad, simplemente era una actividad discrecional que se estaba llevando a cabo. Yo creo que seguir arrastrando esos vicios de la administración anterior puede repercutir en las responsabilidades legales y administrativas que evidentemente traerá el tema de los parquímetros virtuales”.
Consideró pertinente hacer un llamado al nuevo alcalde para que se analice con mayor profundidad este tema que ha causado indignación y malestar entre los ciudadanos de Toluca, y se determine si le conviene al gobierno municipal mantener esa medida.
Ilegal la aplicación de multas por parquímetros virtuales, confirma TJAEM
En la conferencia de prensa, Fernández Ciprés también dio a conocer la respuesta que dio el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México a una de las demandas presentadas contra las autoridades municipales por considerar ilegal las infracciones derivadas de los parquímetros virtuales.
Concretamente en el expediente 957/2023, la magistrada Gabriela Fuentes Reyes, responsable del caso, determinó que la infracción de tránsito con número de folio T25375, motivo de la demanda, carecía de sustento legal y además incurría en faltas al artículo 16 de la Constitución Política Mexicana, que en su primer párrafo determina que todo fundamento de la autoridad debe tener un sustento legal, de lo contrario se convierte en un acto ilegal.
En ese marco, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa determinó que al transgredirse el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que consagra el derecho humano a la legalidad, se consideraba infundada
la infracción referida.
Esto debido a que se justificaba “como causa de la presunta infracción el artículo 100, de la fracción 22 y 23, del Bando Municipal de Toluca vigente; sin embargo, no se señalaban motivos suficientemente explicados sobre la infracción, por lo que las autoridades demandadas infligían el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución, por lo que se declaraba la invalidez de tal boleta de infracción.
En cuanto al proceso legal que está en curso contra diversas autoridades municipales por el tema de los parquímetros virtuales, el abogado García Hernández refirió que en la respuesta del ayuntamiento al Tribunal de Justicia Administrativa por la demanda colectiva, se puede observar “palabras más palabras menos, que hay un reconocimiento de la no existencia de un acuerdo por parte del Cabildo para probar el tema de los parquímetros virtuales.” Esto porque la Consejería Jurídica del ayuntamiento señaló que no era necesario, ya que en el marco actualización los estacionamientos bastaba llevar a cabo el nuevo tema de los parquímetros.
“Lo que hemos hecho jurídicamente es presentar en estos días, un escrito manifestando precisamente, que la autoridad jurisdiccional pueda tener como una declaración legal esa manifestación realizada del reconocimiento que no hay un acuerdo de Cabildo para la autorización de los parquímetros virtuales”, expresó.
Refirió que de, acuerdo con el artículo 48, fracción octava de la Ley Orgánica Municipal, los alcaldes del Estado de México siempre deben contar con la autorización del Cabildo en caso de licitar o contratar cualquier servicio.
“También estamos pidiéndole a la autoridad que haga efectivo dos apercibimientos que tuvo que hacer la autoridad jurisdiccional, de pedirle al secretario del ayuntamiento declaración que hay del reconocimiento de que no hay un acuerdo; y en segundo, el expediente técnico que debió remitir el tesorero municipal al órgano jurisdiccional para tener, dentro del cuerpo de pruebas, ese documento y revisar cómo se realizó la contratación”.
Cabe recordar que la audiencia para que comparezcan las dos partes del conflicto está programada para el próximo 24 de febrero de 2024.
(Foto: Gabriela Landetta)
