Por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó reformas para ajustar el sistema de responsabilidades de las y los servidores públicos del Poder Judicial con los más recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con pleno respeto a sus derechos humanos y otorgando a la autoridad los medios necesarios para el cumplimiento de la ley.
Con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, impulsadas por la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, se establece la noción de la persona servidora pública del Poder Judicial y su obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
Incluyen la premisa de que las sanciones administrativas para las y los servidores públicos se aplicarán por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y la vulneración de dichos principios ameritarán procedimientos de responsabilidad administrativa.
Las faltas administrativas serán sancionadas con amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como con sanciones económicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.
Cuando dichos actos u omisiones sean graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años y favorece que las normas de acceso y permanencia en el Poder Judicial no sean discriminatorias ni contravengan el principio de reinserción social, entre otras.
Las reformas atienden cada uno de los temas señalados en la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al derecho a la igualdad, no discriminación, de acceso a un cargo público, a la seguridad jurídica y a la libertad de trabajo, así como al principio de legalidad.
(Foto: Especial Portal)
