Eric Rosas
Ajustes necesarios
La iniciativa oficialista de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) que elaboró la actual titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ha sido rechazada por una amplia parte de la comunidad académica y científica de México, pues la misma obedece exclusivamente a los intereses del primer mandatario y no se corresponde ni con las necesidades reales de los científicos y tecnólogos del país, ni con la realidad y retos que estas actividades tienen en la época moderna en la que estamos viviendo.
Aunque asociaciones y colectivos de la academia han elaborado propuestas alternativas; la fracción panista en esa cámara baja presentó recientemente la suya; diputados y senadores instalaron hace unos meses una Conferencia de las Comisiones Unidas de Ciencia Tecnología e Innovación y de Ciencia y Tecnología para trabajar en su propia legislación; e incluso el diputado Javier López Casarín ha declarado en varias ocasiones que la nueva ley que rija a la ciencia y la tecnología en México surgirá del consenso y el análisis profundo de las necesidades de nuestro país; en la comunidad académica flota la sensación de que será la oficial la que resultará aprobada por mayoría y sin moverle una coma cuando ésta sea votada.
Dicha LGHCTI entregaría el control del sector a una sola persona, a quien en su momento ocupe la presidencia del Poder Ejecutivo Federal. A través de un consejo integrado por distintos secretarios de estado, el primer mandatario en turno decidirá qué puede ser investigado y qué no, en los centros públicos de investigación (CPIs) que por ahora coordina el CONACyT y, si se desea recibir financiamiento público, también en las instituciones de educación superior (IES) públicas o privadas de cualquier parte de México. Al tratarse de una ley general, las 32 Entidades Federativas tendrán que alinear sus legislaciones para que nadie pueda apoyar con el erario líneas de investigación diferentes a las autorizadas por la Federación.
Aunque lo anterior pueda parecer autoritario, la realidad es que éste es un modelo muy similar al que funciona con bastante éxito en otras naciones, como los Estados Unidos de América, y por ello tendría que ser analizado con mayor cuidado por las fracciones de la oposición, para enfocarse en ajustar muy bien aquellos aspectos que resulten críticos; entre otros, la obvia de corregir el perfil del investigador científico, que en la LGHCTI se considera como cualquier otro burócrata, cuando la actividad a realizar precisa de una categoría especial.
Otro ajuste necesario es el referente a la organización y coordinación de los CPIs ahora bajo dirección del CONACyT. Lo que propone la iniciativa de López es trasladar la coordinación de todos los CPIs a distintas cabezas de sector, al igual que sucede ahora con otras instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Centro Nacional de Metrología, o la Agencia Espacial Mexicana, dependientes de las secretarías de Energía, Economía, e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, respectivamente.
Dicha conversión en laboratorios nacionales similares a los estadounidenses debería aplicase sólo a aquellos CPIs que realizan desarrollo tecnológico; mientras que los demás podrían integrarse a IES afines. Además, tendría que crearse la Fundación Mexicana para la Ciencia para que financie la investigación científica independiente a los intereses gubernamentales, pero esencial para la humanidad.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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