El Estado mexicano debe garantizar el derecho a la educación que tienen las infancias migrantes, afirmó el profesor de la Licenciatura en Derecho Internacional de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Arturo Soto del Valle.
La educación, abundó, es un derecho humano consagrado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, las infancias migrantes deben gozar a plenitud de esta prerrogativa.
“La garantía de este derecho en nuestro país está estipulada en el Artículo 3º Constitucional, donde se establece que la educación básica es obligatoria y que, atendiendo a sus circunstancias, todos los niños deben acudir a la escuela”, dijo.
Aseveró que la migración –que también es un derecho humano-, cualquiera que sea el motivo, es cada vez más frecuente y el grueso de las infancias que forman parte de este fenómeno no tienen garantizado este derecho, ya que no gozan de una calidad migratoria regular.
“Si las infancias van a permanecer en un lugar determinado y no tienen acceso a derechos fundamentales como el de la educación, seguramente en un futuro serán parte del desempleo o la delincuencia”, dijo.
Por esta razón, el Doctor en Derecho y Doctor en Docencia subrayó que el Estado debe generar en todo momento, una garantía para que las niñas y niños migrantes, por lo menos en su estancia en la zona en la que se encuentren, tengan acceso a los servicios educativos.
En respuesta a esta situación, consideró necesario que los estados impulsen un programa que considere servicios educativos para las infancias migrantes por el tiempo que duren en las zonas municipales en las que se ubiquen.
“La educación tendría que ser normal, como para cualquier otro mexicano. De hecho, en México hay un programa que pudiera adaptarse a las necesidades de los migrantes y que por ahora funciona para las hijas e hijos de trabajadores temporales en Sinaloa y Sonora. Se trata de que al lugar al que lleguen las infancias migrantes, puedan tener acceso a las instituciones educativas”, dijo.
Indicó que debido a que la mayoría de las niñas y niños migrantes no cuentan con documentación, ya sea porque la extraviaron en el camino o se quedó en su país de origen, tendrían que tener la posibilidad de acceder a la educación con el nombre que puedan conferir. De esta manera, si ya no continúan con su migración y ya no salen de México, eventualmente podrán incorporarse al sector productivo de una manera más natural.
Señaló que como parte de un trabajo de investigación que realiza al respecto, ha tenido acercamiento con padres de niñas y niños migrantes, quienes no se interesan porque sus hijos tengan acceso a la educación, ya que argumentan que están de paso, a pesar de que algunos ya tienen meses o, incluso, un año en una zona determinada de nuestro país. “Esta falta de interés es atribuible al miedo a que sean deportados”, dijo.
Arturo Soto del Valle puntualizó que, “en todo momento, el Estado debe garantizar el bien común para todas las personas que habitamos el país, quienes debemos gozar de igualdad y las mismas garantías, como el derecho a la educación”.
(Foto: Especial Portal)
