Es obligación del Gobierno del Estado de México garantizar la seguridad de las mujeres y hombres que se encuentran privados de su libertad en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social mexiquenses; sin embargo, ante las denuncias y videos publicados sobre agresiones que sufren internos del Penal Neza-Bordo, por supuestamente negarse a pagar extorsiones, la autoridad sigue sin tomar cartas en el asunto, señalaron de manera conjunta los diputados Gerardo Ulloa Pérez, Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y Mario Ariel Juárez Rodríguez, Presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario.
“Si se es responsable de la comisión de un delito, es justo que se cumpla con la pena correspondiente, esa es la regla social. Pero es obligación del Estado que esa pena se debe cumplir respetando los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de las personas recluidas y de sus familias”, aseguraron.
Asimismo, exigieron abrir una investigación por parte del Gobierno del Estado a las autoridades del Penal Neza-Bordo, para deslindar su participación por acción u omisión en los actos denunciados a través de varios medios de comunicación. Los directivos de dicho Centro Penitenciario se han mantenido en el cargo por más de tres años, y si los videos publicados son de hace dos años, como lo mencionó el Secretario de Seguridad, es evidente que existe responsabilidad de los servidores públicos y estos deben ser investigados.
Los diputados, recordaron que el Secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de México, declaró que el problema de los penales es causa de la sobrepoblación, pero que eso no significaría que exista un autogobierno de los reclusos y que los videos que se han publicado son de hace dos años. No obstante, en días pasados, en un medio televisivo nacional, se publicó la declaración del Subsecretario de Control Penitenciario, reconociendo la existencia actual de los hechos que se denuncian y en ese mismo sentido el Director General de Prevención y Reinserción Social, reconoció que la situación de seguridad de los penales los ha rebasado, toda vez que no es posible controlarlos en su totalidad.
Razón por la que mantienen su postura sobre que es necesario solicitar la comparecencia del Subsecretario de Control Penitenciario ante la Cámara de Diputados, para que explique cuáles son las acciones que ha implementado en los Centros Penitenciarios que coadyuvan con la Autoridad judicial en la despresurización de los penales, demuestre la aplicación y eficiencia en los planes de actividades de cada Persona Privada de la Libertad.
A la vez que indique el seguimiento puntual a través de la Autoridad de Libertad Condicionada a los que gozan de una libertad, pero siguen sujetas al cumplimiento de una pena e informe de qué manera la Subsecretaria de Control Penitenciario y las autoridades corresponsables de la reinserción social brindan el acompañamiento a los libertos a través de la Unidad Pospenal y darles las herramientas necesarias para evitar su reincidencia.
De la misma manera que explique por qué los ordenamientos legales que son aplicables a su materia no están actualizados conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y en que marco jurídico fundamenta su actuar diario, entre muchas otras cosas que deberá explicar a la sociedad mexiquense y no limitarse únicamente a reconocer que cuando se identifican las violaciones a derechos humanos y se cometen delitos y torturas es cuando actúan o peor aún decir que las Personas Privadas de la Libertad mantienen sus propias reglas y deben vivir conforme a esas reglas, y que la autoridad no puede mantener todo el control del establecimiento y que saben que pasan cosas pero actúan en consecuencia.
Los presidentes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario consideraron necesario exigir al Gobierno del Estado que evalúe el perfil de los servidores públicos a los que se les ha dejado esta encomienda. Si realmente están capacitados para mantener el control absoluto de los Centros Penitenciarios y asegurar el respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad.
Por último, manifestaron que, como legisladores, es su obligación velar por las y los mexiquenses, por lo que estarán atentos a las acciones que tomen las autoridades en torno a este tema que lesiona a las familias de los internos de los Centros Penitenciarios.
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