Mentes a la obra
El pasado 28 de diciembre, como si fuese una mala broma del “Día de los Santos Inocentes”, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por medio del que se aprobó el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) para el periodo 2021 a 2024, así como éste mismo, que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Resulta sumamente revelador del desastre que se vive en el sector de la ciencia y la tecnología del país, a partir de la llegada de la actual administración al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el que este PECiTI se publique a mitad del sexenio, con tres años de retraso, y por ello deba abarcar ya únicamente el trienio del 2021 al 2024, cuando debió haber sido elaborado para coincidir con los términos del PND 2019-2024 y dado a conocer tan pronto como en el transcurso del 2019.
Lamentablemente, esta irregularidad administrativa no es un accidente aislado, sino la constante bajo la que ha venido actuando la dependencia en todo lo que va de esta primera parte del sexenio, en la que día a día se evidencia su desprecio por el cumplimiento de la ley y la sujeción de su actuación a las normas aplicables. Peor aún, en los últimos meses del 2021 la academia en México comenzó a enfrentar ataques más agresivos a través de la intervención ilegal y autoritaria en instituciones de educación superior como la Universidad de las Américas en Puebla, y centros públicos de investigación como el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Cuando hace meses la comunidad científica notó que esta propensión a quebrantar la ley por parte de quienes dirigen actualmente al CONACyT sólo podría ralentizarse si se lograba retirarle la mayoría a la fracción oficialista en la Cámara de Diputados Federal y a sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, decidió entonces aproximarse a los candidatos de la alianza opositora para identificar aliados de la ciencia y la tecnología, que pudieran ayudar a contener las acciones que dejarían en ruinas a las instituciones académicas en muy poco tiempo. Sin embargo, este involucramiento no parece haber resultado suficiente, pues los legisladores de oposición en San Lázaro siguen siendo minoría y, por tanto, insuficientes para detener las modificaciones al marco legal en la materia.
El ritmo de destrucción del Sistema de Ciencia y Tecnología (SCyT) de México se sigue acelerando, quizá aún más después de que en la administración federal se han dado cuenta de que el apoyo ciudadano hacia su proyecto de nación disminuye también a gran velocidad. En los treinta y tres meses que le restan a este sexenio recortado, muy probablemente habrá un sinnúmero de acciones dirigidas a eliminar todo lo construido por México en ciencia y tecnología durante el pasado medio siglo, alrededor de la creación del propio CONACyT, el 29 de diciembre de 1970.
Ante esta realidad, convendría que la comunidad científica iniciara cuanto antes una intensa campaña que involucre por igual a legisladores, industria y sociedad civil, a fin de diseñar un nuevo SCyT que pueda construirse sobre las cenizas del que está siendo devastado; así como el correspondiente marco legal que efectivamente pueda dotar de viabilidad a ese nuevo andamiaje que tanto le urge al México de este siglo XXI en el que nuestra integración con Norteamérica es inminente. Para ello será menester que surjan nuevos liderazgos en todos estos sectores, que tengan una visión muy larga, pero una muy corta lista de compromisos adquiridos.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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