Ramón Cuevas Martínez
Presupuesto público y derechos humanos de grupos vulnerables
Levántate, en pie, defiende tus derechos. Levántate, en pie, no dejes de luchar.
Bob Marley, cantante jamaicano.
De acuerdo con el último informe del Coneval, 46.9% de las personas con discapacidad presentaban rezago educativo, mientras que 14.5% de la población sin discapacidad se encontraba en la misma situación, aunado a esto, 41.2% de las personas con discapacidad no contaba con acceso a la seguridad social y 27.8% presentó carencia por acceso a la alimentación. El diagnóstico es simple, aunque cada año crecen los recursos destinados a programas sociales, su diseño no impacta en las condiciones de vida de los grupos vulnerables.
Otro ejemplo claro es la prevalencia de diabetes entre la población con discapacidad, situándose en más del doble que la del resto de la población. Mientras que 1 de cada 4 personas con discapacidad padecía diabetes en 2018, 10.5% de la población total padecía esta enfermedad. Situación similar se observa en padecimientos como la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.
Los directivos encargados de disponer los recursos para desarrollo social deben tener clara la existencia de grupos históricamente discriminados (adultos mayores, jóvenes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y población indígena), por lo que se hace necesario que en los subsecuentes ciclos presupuestales se asignen programas sociales específicos que permitan tutelar su derecho a no ser discriminados por su condición, lo que nos colocaría frente a un modelo presupuestal de avanzada, que protege los derechos humanos de todos los habitantes, a partir de sus necesidades y carencias.
La asignación presupuestal por tanto no debe hacerse con el simple parámetro de medición de la pobreza, deben entrar en juego otros factores de vulnerabilidad, de hecho, tenemos grandes avances para integrar un gasto a partir de este nuevo enfoque, dado que se ha establecido que es una visión corta suponer que la pobreza es solo es solo una carencia patrimonial.
Los presupuestos públicos deben ser utilizados como una herramienta para la redistribución equitativa de los recursos con el objetivo de superar las desigualdades sociales, y para avanzar en el sentido de que los derechos humanos sean debidamente tutelados. Ello supone que los recursos se empleen para hacer más efectivas las estrategias de desarrollo, en un marco en el que los derechos humanos sean respetados y garantizados a los sectores más excluidos y vulnerados de la sociedad.
Está en manos de los tomadores de decisiones innovar en el destino del gasto público, mediante una efectiva aplicación del modelo de Gestión para Resultados (GpR) cuyo instrumento central es el presupuesto basado en resultados, dada la importancia de institucionalizar mecanismos administrativos que garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales, y construir una cultura de respeto y defensa de éstos en donde las y los servidores públicos los conozcan y promuevan en un afán de transformar las estructuras del gasto social.
*Consultor en Gobernova
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